La Marina deberá explicar a la Fiscalía por qué minimizó el vertido del "J. P. Bobo"

Hace exactamente un año que el buque norteamericano John P. Bobo encallaba frente a las costas de El Puerto de Santa María y derramaba 300 toneladas de gasóleo en aguas de la Bahía de Cádiz. 365 días después, con varias denuncias y requerimientos de partidos políticos, ecologistas y la Junta de Andalucía entremedias, la fiscalía de Cádiz decidió el pasado jueves abrir diligencias: el armador y el capitan del barco serán citados a declarar como imputados y la Capitanía Marítima de Marina deberá explicar por qué reflejó en sus informes un vertido de tan sólo de 14.000 litros, cuando el volumen desalojado llegó a 300.000 litros. El delegado provincial de Medio Ambiente, Sebastián Saucedo, aplaudió ayer la iniciativa de la fiscalía. "Nos alegramos de que, aunque sea tarde, se hayan abierto diligencias que nos permitirán conocer a los responsables de este desastre ecológico", precisó. La pasada semana, el consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco llegó a acusar al fiscal jefe de Cádiz de archivar sistemáticamente las denuncias sobre supuestos delitos medioambientales. Saucedo eludió pronunciarse sobre la relación entre la amonestación de Blanco y la decisión de la fiscalía, aunque reconoció que la reacción "ha sido cronológicamente rápida". El grupo Ecologistas en Acción mostró ayer su "conformidad" con la continuación del sumario abierto a partir de su denuncia y solicitó que el capitán declare si el vertido fue accidental o voluntario con el fin de eliminar lastre, como indicaba el diario de a bordo del buque norteamericano.