No hay vuelta atrás

Pocas personas pueden pretender ser imparciales ante la oleada de pasiones suscitadas por la detención del general Pinochet en Londres, y desde luego no es mi caso. Pero sí cabe tratar de poner cierta racionalidad objetiva para analizar los hechos y sus consecuencias previsibles, y puede incluso que sea conveniente intentarlo. Lo primero que conviene recordar es que ni la apertura de los sumarios ni la decisión de la detención han sido responsabilidad de un gobierno, mucho menos de un país. En el caso español, en particular, haría falta mucha imaginación para pensar que el Gobierno de José María Aznar fuera partidario del procedimiento seguido.Este hecho, evidente para quienes conocemos las actuaciones obstruccionistas en España del ministerio fiscal, tan jaleadas políticamente como judicialmente desautorizadas, no parece ser tomado en cuenta por las voces que desde América Latina se lamentan de que España, o Gran Bretaña pretendan intervenir en cuestiones que atañen a la justicia chilena. Resulta ejemplar, en este sentido, la infortunada reacción del presidente Frei al hablar de pérdida de memoria de los españoles: ¿a quién pretendía culpabilizar? ¿Al gobierno, a los jueces o a la opinión pública española?

Dejemos de lado el hecho de que en España sí hubo un proceso constituyente durante la transición. Aunque ésa sea la diferencia fundamental entre el caso español y el chileno, el problema que enfrentan Frei y los dirigentes de la Concertación no es de historia comparada, sino de inoportunidad política del sumario y la detención de Pinochet: en vísperas de unas elecciones presidenciales, este caso moviliza a la derecha y divide a la alianza de gobierno. Pero si el sumario se puso en marcha no fue como consecuencia de una estrategia política, sino de unas denuncias que dos jueces admitieron a trámite. No parece fácil ni justo criticar a las víctimas de la dictadura, ni a sus familiares, por su insuficiente visión de Estado al denunciar al ex dictador. En vez de imaginar manipulaciones políticas o injerencias extranjeras en los asuntos internos chilenos, entonces, habrá que ver cuáles son las razones de la situación actual.

Y la animadversión que despierta la figura del ex dictador no debería llevarnos a ignorar que ésta es una situación extraña. En principio, Pinochet (o cualquier otra persona de similar trayectoria) puede ser perseguido por el delito de genocidio por tribunales de todo el mundo, lo que suscita la posibilidad de que, si fuera extraditado y juzgado por uno de ellos, siguiera siendo reclamado por los restantes, incluso si por alguna razón hubiera resultado absuelto por el primero. Potenciales querellantes no faltan, y ahora podemos prever que tampoco faltarán jueces dispuestos a admitir sus denuncias.

El origen del problema es doble. Por un lado, como todos sabemos, tenemos la situación paradójica que se crea cuando un dictador impone sus propias reglas para la transición a la democracia, asegurando su impunidad y la de los suyos. Eso significa que, si ha cometido crímenes, éstos no pueden ser juzgados en el país que los sufrió. Contra lo que algunos puedan pensar, se debe admitir que durante la transición chilena, considerando las circunstancias en las que se produjo, los demócratas negociaron y obtuvieron los mejores resultados posibles, intentando después cambiar el marco institucional mediante reformas legales: sólo la indisciplina en las filas del opositor partido de Renovación Nacional, que había negociado su apoyo a las reformas, impidió avanzar más por esta vía. Pero el hecho es que hoy Pinochet es senador vitalicio.

Por otro lado, la situación es anómala porque se ha reconocido internacionalmente la existencia de delitos extraterritoriales, pero no se ha logrado introducir todavía una instancia con capacidad efectiva para juzgarlos, lo que deja abierto el campo a la multiplicación de los procesos por unos mismos hechos. El efecto en cascada del éxito inicial del sumario español es bastante revelador. Pero no hay que engañarse: no hay vuelta atrás. La única salida a esta anomalía es la pronta puesta en marcha del aún naciente Tribunal Internacional, con poderes reales y sin limitaciones que le vacíen de contenido. Mientras tanto seguiremos en un terreno jurídico contradictorio, o, dicho en otros términos, seguiremos en una situación de inseguridad jurídica. Que quienes la padezcan inicialmente sean personas detestables no mejora necesariamente la situación.

Si se da por bueno el delirante criterio de la High Court, según el cual los delitos cometidos por un general golpista deben considerarse actuaciones de un jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones, no sólo se está ignorando el hecho de que, al menos hasta la aprobación de su Constitución de 1980, Pinochet no podía ser considerado bajo ningún concepto un jefe de Estado legítimo (algunos creemos que tampoco después, pero ésa es otra cuestión), sino que además se está privando de contenido la tipificación de los delitos de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Es por tanto muy poco probable que esta doctrina pueda extenderse y convertirse en norma. En ese sentido, para Pinochet tampoco hay vuelta atrás. Si vuelve libre a Chile, sabrá que ya no está seguro, que fuera de Chile podría repetirse en cualquier momento su peripecia actual.

Pero es que además su situación en Chile también ha cambiado. Las querellas acumuladas contra el senador vitalicio ante el juez Juan Guzmán no pueden ahora ser simplemente descartadas, después de que buena parte de la clase política chilena ha insistido en que, si Pinochet debe responder de sus actos, será la justicia chilena la que le enjuicie.

Pero, aun si se produjera el escándalo de que se pretendiera aplicar la amnistía, la Corte Suprema de Chile podría revocar el fallo: en los últimos tiempos ya ha comenzado a considerar que los delitos contra los derechos humanos no prescriben ni pueden ser amnistiados, en conformidad con los Convenios de Ginebra. No va a ser una situación fácil, y algunos políticos chilenos pueden acabar echando de menos un agente exterior, español o británico, al que culpar de sus males.