El Gobierno regional anula una oposición supuestamente amañada

La Consejería de Hacienda, dirigida por Antonio Beteta (PP), ha decidido anular el segundo examen de la oposición para cubrir puestos de educadores de menores protegidos y disminuidos psíquicos, a la que se presentaron 398 personas. Hacienda repetirá en los próximos días la prueba ante "las fundadas sospechas" de que hubo un intento de amaño para que varias decenas de opositores aprobaran.

Fuentes del Gobierno regional explicaron ayer que durante la segunda prueba de la oposición, el presidente del tribunal se empeñó en poner una prueba que, mucho antes de celebrarse los exámenes, había sido descartada por la Consejería de Hacienda y que, supuestamente, sólo conocían entre 20 y 40 de los opositores que se presentaron a la oferta de empleo público.Los tres representantes de los sindicatos y los tres miembros de la Comunidad de Madrid que integraban el tribunal optaron por impugnar la prueba. El presidente de ese organismo presentó su dimisión, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

La Consejería de Hacienda decidió, ante esta unanimidad, anular la oposición y repetir el segundo examen en los próximos días.

Es el único caso en que el Gobierno regional ha aceptado la existencia de irregularidades en una oposición pública. Durante las convocatorias de 1997 y 1998, los sindicatos de la función pública y algunos opositores han presentado hasta ocho impugnaciones en otros tantos procesos de selección de personal abiertos por la Administración regional.

El director general de la Función Pública, Miguel Ángel López, compareció ayer en la Asamblea de Madrid para aclarar que de las ocho investigaciones abiertas por la Consejería de Hacienda tras las quejas sindicales, en siete casos no se descubrió ninguna irregularidad que aconsejara repetir las pruebas y anular la oposición. En estos casos, según el alto cargo regional, los denunciantes no han podido acreditar documentalmente y con pruebas contundentes las supuestas irregularidades.

Inexperiencia

Tras esta reflexión, López reconoció ante los diputados autonómicos que, en algunos casos, "la falta de experiencia y de preparación específica de los miembros de los tribunales han sido la causa de las irregularidades detectadas en algunos procesos selectivos".Para que estos problemas no vuelvan a producirse en la Administración regional, la Consejería de Hacienda ha preparado un plan consistente en impartir cursos de formación a los funcionarios que integren tribunales de oposición y editará un manual de instrucciones de los procesos selectivos con el fin de garantizar su transparencia.

El diputado socialista Modesto Nolla, que había solicitado la comparecencia del Gobierno en la Asamblea para que explicase el alto número de impugnaciones registradas en las oposiciones, denunció la actitud del Ejecutivo: "Pretende trasladar la responsabilidad a los sindicatos que han denunciado las irregularidades en las oposiciones, cuando la responsabilidad es de la Administración regional".

Nolla aseguró que en la Administración regional nunca se habían dado tantas impugnaciones como en los últimos años, con el mandato del Partido Popular.

El director general de la Función Pública aclaró que, en muchas ocasiones, las reclamaciones que recibe la Consejería de Hacienda se refieren a quejas de opositores por la dificultad del examen o por el poco tiempo establecido por el tribunal para poder contestar a las preguntas. Estas reclamaciones, según López, en ningún caso llegan a convertirse en impugnaciones.