RTVE: paz, financiera, por democracia

Se equivocan quienes han criticado como un escándalo la retransmisión prolongada, en exclusiva y con gran despliegue de medios, que RTVE efectuó en días pasados de la "boda del año". Porque esta cobertura no ha sido sino la culminación lógica y máxima, por el momento, de la derivación de la radiotelevisión pública española hacia la total y sistemática perversión del concepto de servicio público. En el clima general de una programación caracterizada por la saturación de los temas del corazón y los sucesos, por las variedades más frívolas y los reality más zafios, por los informativos más propagandísticos y las tertulias más capciosas, el matrimonio entre la duquesa y el torero debía inevitablemente ocupar un papel estelar.Durante las semanas previas a este magno acontecimiento de "interés general", la presentación en el Parlamento del proyecto de presupuesto de RTVE para 1999 nos proporcionaba la otra cara de la moneda: unos gastos por encima del coste de la vida que triplicaban a los ingresos previstos, unas pérdidas que duplicaban a estos ingresos y un déficit suplementario de casi 168.000 millones de pesetas, que llevará a finales del próximo año a la deuda acumulada del grupo hasta la impresionante cifra de 765.000 millones de pesetas. En los debates parlamentarios originados y en declaraciones públicas, el director general del ente ha reiterado el calificativo de "espléndido" para el presente y el futuro de la radiotelevisión pública.

Ambas características singulares de RTVE, su total quiebra financiera y su absoluta desorientación de contenidos, se engloban hoy, sin embargo, en un preciso marco europeo y nacional. En la Unión Europea en efecto, diversos documentos y acuerdos han subrayado en los últimos años la necesidad imprescindible de una radiotelevisión pública para una sociedad democrática, su importancia para el pluralismo, para la cultura y la identidad nacional. Pero la Comisión Europea, a instancias de las empresas privadas y de los tribunales, tiende a marcar a corto plazo directrices cada vez más estrictas para la financiación mixta y para las subvenciones estatales, exigiendo la transparencia de la gestión y la proporcionalidad de la financiación con las funciones de servicio público. Y ni la actual programación de RTVE ni su estrategia dominante de endeudamiento masivo serían así aceptables. Como tampoco lo será su subordinación gubernamental frente a las exigencias de la UE de independencia y autonomía de las radiotelevisiones públicas, como garantía efectiva de pluralismo del espacio público.

El marco nacional viene determinado por la subcomisión parlamentaria que intenta desde hace meses llegar al acuerdo de un "nuevo modelo" para la televisión y la radio públicas. Después de múltiples vicisitudes, el Gobierno envió en junio pasado un informe en el que se propugnaba una financiación estatal suficiente, la asunción progresiva de la deuda por el Estado, una limitación seria de la financiación publicitaria... Tras el alternativo informe del Partido Socialista parecía finalmente que se daban las bases para un acuerdo fundamental parlamentario y de Estado en torno a RTVE: una radiotelevisión pública fuerte y económicamente estable, con una programación diversa de calidad pero no elitista, con estrictas exigencias éticas, con claros signos distintivos de servicio público y dirigida a todos los ciudadanos. Y, sin embargo, pasan los meses y no hay avances, aunque los representantes del Gobierno en el Parlamento han instado repetidamente a la oposición a llegar a ese acuerdo rápidamente y, en todo caso, antes de fin de año.

Objetivamente sin embargo, el presupuesto presentado oficialmente por RTVE es absolutamente contradictorio con esos propósitos. Y no solamente por engordar la deuda a extremos límite sino también por la ridícula subvención estatal solicitada, y por unos objetivos publicitarios que implican el mantenimiento de la máxima agresividad comercial. Paradójicamente, las declaraciones del director general de RTVE consideran que bajar la financiación publicitaria sería hacer un favor a las televisiones privadas y no, simplemente, la ocasión para dar una auténtica lógica de servicio público a las cadenas que dirige como están demostrando Alemania y Francia. Pero también es contradictorio con todo acuerdo la manipulación in crescendo de la información, mientras el director general se limita a proclamar el pluralismo y la independencia de sus informativos y programas contra toda evidencia.

Está claro que el pacto parlamentario que garantice el futuro de RTVE sólo tiene una fórmula viable: la de paz y estabilidad financiera a cambio de pluralismo y democracia comunicativos. En primer lugar, porque lógicamente los partidos de la oposición no van a aceptar un pacto económico que mantenga intacta una radiotelevisión, teóricamente de todos, que les silencia sistemáticamente cuando no les tergiversa y manipula. En último término además, sería inútil todo plan de viabilidad económica que no contemplara una democratización, porque la televisión -y más aún la televisión pública- basa su audiencia sobre la credibilidad y el pluralismo, un elemento ciertamente intangible pero perfectamente verificable. Sin otra solución posible, el inmovilismo del Gobierno en este asunto puede indicar simplemente que no se ha resignado a perder territorio, pese a su amplia cancha abierta en otras televisiones privadas.

Y algo de eso podía barruntarse en el informe gubernamental enviado a las Cortes en el mes de junio pasado, en donde junto a posiciones económicas relativamente razonables como base para la discusión se erigía un proyecto políticamente autoritario, con un "presidente" nombrado en exclusiva por el Ejecutivo, un Consejo de Administración orientativo y una comisión parlamentaria "de trabajo". Consecuentemente, el Gobierno estaría intentando ahora llevar a la oposición -y a RTVE de paso- a una situación límite, al borde del precipicio, para forzar a los restantes partidos a hacer concesiones políticas. Todo ello con graves riesgos para la radiotelevisión pública española, pero también para un partido gubernamental que estaría olvidando la lección de manual de que los medios electrónicos no tienen el poder que se les atribuye o, más simplemente, como dice una antigua máxima, que es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Claro que también es posible, en presunción de inocencia, que el Gobierno sea ajeno a todos estos asuntos, y que los ministros y dirigentes del PP se sientan realmente hastiados de maquillarse casi todos los días para las cámaras de TVE. En este caso, el único culpable sería el director general de RTVE, señor López-Amor, cuya intuición política le estaría diciendo que un estatuto democrático de sus cadenas exigiría indefectiblemente, dado su currículum y su balance de gestión, su dimisión. Ello explicaría su actitud de ningunear al Consejo de Administración al que no suele acudir desde hace meses, o su arrogancia y desparpajo de sus comparecencias parlamentarias, o la audacia de sus prácticas censoriales.

Pero entonces, como dictan las normas del buen quehacer político, el Gobierno debería llegar rápidamente al acuerdo parlamentario, ofreciendo simultáneamente a su actual director un puesto más brillante. Cabe pedirle tan sólo que sea lo más lejos posible de los medios de comunicación. Por favor.