El ministro del Interior chileno dice que el fallo de la Audiencia provocará "una tembladera mundial"

"Esta sentencia de la Audiencia Nacional española es un problema que en el caso personal de Pinochet puede no tener efecto para él si vuelve al país y no insiste en viajar. Pero hay un número importante de personas, civiles y militares, que participaron en el Gobierno militar que ya no van a poder salir del país. Con este sistema se produce una tembladera mundial de personas que tuvieron responsabilidades en Gobiernos de facto o que cometieron delitos en ellos", ha dicho este fin de semana el ministro del Interior de Chile, Raúl Troncoso.En sintonía con estas declaraciones, el Gobierno ha recomendado no salir del país a 38 personas que ocuparon cargos relevantes en la dictadura o participaron en la represión y que figuran en la causa que instruye Baltasar Garzón. La lista incluye, además de a Augusto Pinochet, a tres exmiembros de la Junta Militar, seis exministros de la dictadura, seis generales y varios jefes y agentes de la policía política (primero denominada DINA y después CNI).

Algunos de ellos ocupan destacados cargos en la actualidad, como el general Fernando Torres Silva, auditor general del Ejército y que dirigió numerosos procesos contra la oposición, o los senadores de Unión Demócrata Independiente (UDI) Rodolfo Stange, que fue director general de Carabineros y miembro de la última Junta Militar, y Sergio Fernández, ministro del Interior en dos ocasiones y autor de decretos que llevaron al exilio a numerosos opositores. Negó reiteradamente la existencia de desaparecidos en Chile a las madres que reclamaban por sus hijos. Su mano dura tuvo un claro exponente en el decreto de estado de sitio en Antofagasta para reprimir una huelga minera.

Sergio Onofre Jarpa, otro de los encausados por Garzón, se estrenó como ministro del Interior en mayo de 1983 con una protesta general contra el régimen. El ministro no dudó en sacar a la calle, con autorización del presidente Pinochet, a 18.000 soldados armados. La violenta represión causó 26 muertos en dos días.

Por otra parte, la policía chilena encontró el sábado una bomba en el acceso a una de las oficinas regionales de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC), controlada por capital español, según informó ayer el diario El Mercurio. El artefacto fue hallado en la sucursal que la compañía tiene en Linares, 306 kilómetros a sur de la capital, sin que ningún grupo haya reivindicado hasta el momento la acción, aunque se cree que puede estar relacionado con la persecución de Pinochet por la justicia española, informa la agencia Efe.