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CERCO AL EX DICTADOR

La decisión de la Audiencia divide a Chile entre el júbilo de las víctimas y la ira pinochetista

La decepción y el desánimo de los adversarios de Augusto Pinochet y los familiares de las víctimas de la dictadura se tornó ayer en alegría y esperanza al conocer la decisión de la Audiencia Nacional española, 48 horas después de que un alto tribunal londinense defendiera la inmunidad del octogenario general. Como contrapunto, el ánimo de los partidos de la derecha pinochetista cambió a la inversa, y del júbilo pasó a la ira contra España. En medio, los representantes del Gobierno y de la Democracia Cristiana (DC) tratan de mantener un equilibrio y una ambigüedad que pocos comparten.

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El presidente chileno Eduardo Frei simplemente rehusó ayer hacer ninguna declaración sobre el veredicto de la Justicia española. Sí habló el canciller, José Miguel Insulza, que anunció el envío de una nota de protesta de su Gobierno al Ejecutivo de José María Aznar y reiteró que Chile no reconoce la jurisdicción española en este caso. Aprovechó para recomendar a los otros 40 imputados en el auto del juez Baltasar Garzón (antiguos altos cargos de la dictadura) no salir del territorio chileno para no correr el riesgo de ser detenidos.A primera hora de la tarde, Frei se reunió en el Palacio de la Moneda con los principales ministros de su Gabinete y los altos jefes de las Fuerzas Armadas.

La lectura que hicieron en Santiago unos y otros de lo ocurrido ayer en Madrid es tan distante como el amor y el odio que despierta en Chile la figura de Pinochet. La polarización no ha hecho sino agravarse en los días que dura la detención del ex general. Para el presidente del Partido Socialista (PS), Ricardo Núñez, ha llegado el momento de que "se abran las compuertas y se haga justicia en Chile".

El máximo dirigente de uno de los partidos que sufrió las peores consecuencias del régimen militar de Pinochet, estima que el veredicto de la Audiencia Nacional española demanda a los chilenos la adopción de una decisión histórica: "No se puede seguir ocultando la violación masiva de los derechos humanos durante 17 años de dictadura. Lo que ha ocurrido en España nos obliga a actuar con la máxima serenidad y firmeza. Tenemos que lograr un gran acuerdo nacional para que no se imponga la impunidad en Chile".

Los seguidores del ex general Pinochet exigen su regreso inmediato a Chile y su plena reincorporación al Parlamento en su condición de senador vitalicio, en abierta confrontación con la posición defendida por el propio canciller Insulza en nombre de Gobierno, que pide una retirada del ex-dictador de la vida pública.

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El vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Alberto Cardemil, antiguo alto cargo del régimen militar, utilizó una retórica añeja al aludir a "un nuevo concepto colonialista e imperialista" de aquellos que "nos quieren imponer la ley del más fuerte". "No vamos a aceptar nunca esta pretensión aventurera, aunque se vista de justicia, cuando en realidad es un atropello a nuestra soberanía", dijo en tono amenazante. "Se nos ha impuesto un retroceso enorme en la convivencia de Chile por maniobras organizadas fuera y dentro del país. No nos vamos a dejar atropellar", añadió antes de sentenciar: "La Concertación [coalición gobernante] se va a quebrar y el centroderecha va a crecer".

El Gobierno de coalición entre demócrata-cristianos y socialistas atraviesa por su peor momento desde el comienzo de la transición hace nueve años, según reconocen en privado dirigentes de los partidos que conforman la alianza. El PS se siente cada vez más incómodo con los pasos dados por el Gobierno para conseguir a cualquier precio la libertad del ex-dictador, en los que apenas ha sido consultado.

La perspectiva de una regreso de Pinochet en loor de multitudes aterra a destacadas figuras socialistas y no satisface a importantes sectores de la DC. El presidente de este último partido, Enrique Krauss, decía ayer: "No estoy ni contento ni apenado, sino simplemente preocupado. Están tratando de nuevo dividir al país entre buenos y malos. Es una batalla judicial que tiene efectos políticos. Aquí hay hambre y sed de justicia. Tenemos que buscar un gran acuerdo nacional que incluya a todos los sectores para resolver los problemas pendientes del país".

Un acuerdo nacional que también ha sido reclamado por el presidente de PS, pero que se antoja de difícil cumplimiento con políticos como Juan Antonio Coloma, de la propinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), que calificó la decisión de la Audiencia Nacional como "el atentado más grave en 188 años contra la soberanía de Chile".

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