España rechaza que los refugiados sean repartidos entre los Quince

España es contraria a la propuesta de distribuir los refugiados entre los países miembros de la Unión Europea (UE). "El fenómeno de la inmigración no se resuelve asignando el número de refugiados a unos países y a otros, el reparto provocaría nuevos problemas", advirtió el ministro español de Interior, Jaime Mayor Oreja, en el consejo informal de ministros de Justicia y del Interior de los Quince reunido ayer en Viena.Además de un sistema para distribuir el número de refugiados entre los países de la UE, el ministro austriaco del Interior, Karl Schlögl, presidente semestral del Consejo de Ministros, propuso crear un fondo para respaldar a los países que reciben una mayor afluencia de refugiados, idea que recibió pleno respaldo de Alemania. Su nuevo ministro del Interior, el socialdemócrata Otto Schily, anunció en su primera actuación internacional que su Gobierno mantendrá "un alto grado de continuidad" en su política de inmigración. Alemania ve con buenos ojos la propuesta holandesa, de crear grupos de trabajo en los focos de conflictos para prevenir casos de salida masiva de refugiados como el de Kosovo.

Italia, con su nueva ministra del Interior, Rosa Russo Jervolino, destacó la necesidad de cooperar con los países que originan la emigración, como Albania, y pidió que no se considere la inmigración como un peligro, sino como una oportunidad para poder "construir una Europa humanamente y culturalmente más rica".

Para el ministro español de Interior es imposible que se produzca unanimidad entre todos los países en el tema de la inmigración, ya que "la percepción del problema es muy diferente".

España también es contraria al tratamiento generalizado de las huellas dactilares de los refugiados e inmigrantes ilegales en el espacio europeo, previsto en un futuro convenio entre los Quince. El documento de estrategias para política común de migración y asilo, presentado por Austria, es una segunda versión corregida de un texto muy restrictivo que ya había sido rechazado en Bruselas, ya que implicaba una revisión de la Convención de Ginebra sobre asilo político.