El querellante contra Villalonga no acepta que sea sólo una denuncia

El abogado José Ramón Fernández Mijares ha recurrido el auto del juez Baltasar Garzón por el que éste decidió tramitar como denuncia la querella presentada por aquél contra el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, como supuesto responsable del cobro de llamadas fallidas a Internet a través del 055. Para el querellante, el asunto no es una simple falta, sino un delito de estafa.La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estudió ayer la posibilidad de personarse en la denuncia admitida a trámite por Garzón, pero lo descartó. Pese a que la OCU presentó en septiembre un estudio en el que demostraba que en el cobro de esas llamadas se producía "un daño económico, porque no llegaban a su destino", ha decidido no personarse como acusación particular por "un problema de interpretación jurídica", según explicó el portavoz de la OCU, José María Mújica. "Pensamos que el delito de estafa que plantea la querella implica engaño cierto, es decir, voluntad de Telefónica de engañar a los usuarios al cobrar esas llamadas; pero demostrar la comisión de ese delito es muy difícil", argumentó. Mújica se mostró más partidario de la vía administrativa para denunciar el cobro indebido de esas llamadas. El portavoz de la OCU recuerda que un juez archivó, en 1994, una querella de la OCU contra Telefónica por otro asunto, porque no se pudo demostrar que esta compañía pretendiera engañar a sus clientes.

Por el contrario, la Asociación de Internautas, creada recientemente tras la oleada de protestas contra las nuevas tarifas de Telefónica que afectan al acceso a Internet, anunció ayer su voluntad de personarse como acusación en la investigación abierta por Garzón acerca de la actuación de Telefónica, una vez completados los trámites para su legalización.