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Tribuna:ESTA SEMANA

Los andalucistas y los presupuestos

En el Consejo de Gobierno del martes se espera que salgan adelante los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio. No se contemplan sorpresas de última hora, a pesar de las salvas de distracción disparadas por un sector próximo al consejero de Relaciones con el Parlamento, Antonio Ortega. "¡Claro que hay problemas para aprobarlos!", apuntaban desde dicho sector, aunque más tarde, de forma oficial, los propios andalucistas desmentían radicalmente que existieran dificultades de algún tipo. Todo un numerito. Así se comprende que Ortega, durante la reciente presentación de un libro sobre Sevilla y su prensa, exclamara: "Los periodistas no sé si pueden vivir sin los políticos, pero los políticos no podemos vivir sin los periodistas". Su sinceridad le honra e indica a las claras cuál puede haber sido el método seguido para tratar de meter quizás algo de presión o más bien para construirse una imagen de duros en su relación con sus socios de gobierno, los socialistas. Las fricciones pueden venir, no obstante, ahora, con el anteproyecto de Ley sobre Publicidad Institucional. Eso de prohibir la Junta la promoción de los logros obtenidos por parte de los ayuntamientos, una vez convocadas las elecciones, no gusta nada a los andalucistas. Celosos de la autonomía municipal, ya se han apresurado a anunciar su rechazo a un texto que se verá el miércoles en el denominado consejillo, reunión de viceconsejeros donde se le podría dar el visto bueno. Una iniciativa que cuenta, por contra, con el apoyo expreso de IU y muy probablemente también del PP, por lo que se espera que en la tramitación de la ley en el Parlamento se logre el acuerdo final con el PA. Un Parlamento que iniciará además su sesión plenaria de esta semana con una declaración institucional sobre la detención de Pinochet en Londres. Será, en todo caso, una semana en la que se han de dar avances concretos en el desbloqueo de las relaciones Junta-Gobierno central. Al menos en una parcela, la de las transferencias de las políticas activas de empleo, han de surgir novedades. El objetivo es que dicho traspaso se consuma al final de este año, eso sí, con una demora notable con respecto a lo prometido en su día por el ministro de Trabajo, Javier Arenas. Se inicia, por tanto, un proceso que se pretende llevar a cabo por parte del Gobierno andaluz con transparencia y rapidez. Una agilidad que también se desea para cerrar cuanto antes el asunto Cárnicas Molina, ya que se estima que será en esta semana cuando se pronuncie definitivamente la Unión Europea sobre la legalidad de las ayudas económicas recibidas por esta industria jiennense, ahora en manos del IFA. En esta materia laboral también deberá rematar la Junta los detalles del decreto sobre las 35 horas, verdadero engorro para la patronal, que no está dispuesta a suscribir un nuevo Pacto por el Empleo si se incluye esta medida. Tal exigencia, así como el desarrollo de las elecciones sindicales, dibujan un escenario poco favorable al establecimiento de una nueva concertación con empresarios y sindicatos en Andalucía. Tampoco el panorama es halagüeño para la paz interior en el seno de IU y sus socios, los de la CUT de Juan Manuel Sánchez Gordillo. Éste, en su Ayuntamiento de Marinaleda, logró sacar adelante una resolución del pleno en favor de la Autodeterminación y Soberanía Nacional de Andalucía. No ocurría lo mismo en Granada capital. Una propuesta en este sentido lanzada por el edil Javier González Pulido, también de la CUT, será frenada en seco hoy por parte del portavoz del grupo, Baltasar Garzón. Aclaran que todo es cuestión de formas y procedimiento, pero se desconoce si este revés de los hombres de la CUT va a tener consecuencias inmediatas en el precario equilibrio existente en la federación de izquierdas. De todas formas, está claro que los de Sánchez Gordillo acentúan así sus diferencias en pos de un nacionalismo andaluz de izquierdas y radical.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de octubre de 1998