Ultimátum de Ford

LA DIRECCIÓN de la compañía automovilística estadounidense Ford ha advertido a los sindicatos de la planta de producción de Almussafes (Valencia) que si no aceptan la última oferta de la empresa para la firma del convenio colectivo "pondrán en peligro el futuro de la factoría y la compañía iniciará el trasvase de la producción a otras plantas". Esta advertencia, lanzada por el vicepresidente de Ford, David Thursfield, se ha interpretado correctamente como un ultimátum. La empresa puede trasladar paulatinamente la producción de Almussafes a otras fábricas y firmar el acta de defunción a medio plazo de la planta valenciana, con los fectos laborales que se pueden imaginar para toda esa zona. El conflicto entra a partir de este momento en una dinámica acelerada en la que los sindicatos españoles tendrían, aparentemente, la última palabra. La dirección de Ford y su vicepresidente Thursfield lanzan este órdago al Comité de Empresa porque disponen de centros de producción que pueden sustituir la actividad de Almussafes. Estamos ante uno de los efectos más reales de la globalización de la economía mundial y, como tal, difícilmente evitable por métodos sindicales tradicionales. Ford puede trasladar la producción de Almussafes, unos 1500 automóviles diarios, a cualquier planta europea sin que sus resultados se resientan y sin que el cuadro legal europeo o español pueda interferir en sus decisiones. La ley de los costes más bajos es la única a la que se somete en este caso la multinacional automovilística.

En una primera aproximación la advertencia de Ford parece excesiva a la luz de la distancia que separa a las partes negociadoras: entre el 2,6% de aumento salarial que defiende Ford y el 3% que piden los sindicatos para el primer año no hay tanta discrepancia como para que no pueda ser salvada en una negociación razonable. Es posible que en otros aspectos haya posiciones de más difícil conciliación, pero el tono de Ford parece más bien motivado por las dificultades para integrar laboralmente la producción del modelo Focus en la planta valenciana y como respuesta a la exhibición de fuerza de los sindicatos que el miércoles congregaron a casi 5.000 trabajadores en una manifestación de apoyo. No es descartable, como indican algunas versiones sindicales, que existan razones puramente industriales para explicar la dureza insólita de los directivos de la Ford matriz, tales como posibles problemas técnicos en el montaje del Focus o las dificultades de venta en el mercado del modelo Ka, cuya producción ha sido ya reducida. No estaría de más que los responsables de Ford aclarasen públicamente estos extremos para evitar que la advertencia de Thursfield y las amenazas latentes de no renovar el contrato a parte de los eventuales puedan interpretarse como un intento de ocultar dificultades que no son de orden laboral. Un ultimátum no es la forma más adecuada de instar una negociación, ni siquiera para poner fin a un retraso de diez meses en el convenio.

Por su parte, los sindicatos tampoco pueden eludir su responsabilidad en unos acontecimientos que pueden convertirse fácilmente en incontrolables. Es poco presentable que, transcurridos diez meses de 1998, el convenio siga pendiente de que una facción de Comisiones Obreras se resista a negociar. Esta fractura sindical es previa al último episodio. Y si bien es cierto que los sindicatos no deben negociar bajo amenazas, también lo es que la condición imprescindible para defender sus demandas es que se pongan de acuerdo entre sí. Ante la dura advertencia de Ford el comité de empresa deber ser capaz de unificar criterios y retomar el próximo lunes unas negociaciones que ahora más que nunca parecen decisivas para la supervivencia de la planta. Hoy no está claro que todos estos extremos estén bien definidosa causa de la división interna de las centrales sindicales presentes en Ford. Y es demasiado lo que está en juego.