Una treintena de condenados por más de tres mil víctimas
Las víctimas de la dictadura, entre muertos y desaparecidos, ascienden a 3.196, según la síntesis del Informe Rettig y el de la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, que reúnen las estadísticas más completas de la represión en Chile. Frente a esta cifra, los juzgados y condenados por violaciones de los derechos humanos no superan la treintena.
Según los datos que obran en poder de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, unos seiscientos uniformados han sido citados a declarar en alguna ocasión por alguna de las partes, sin consecuencias penales. La lista de los condenados está encabezada por el general Manuel Contreras Sepúlveda, antiguo jefe de la policía política (DINA). Quien fue brazo derecho del dictador Augusto Pinochet cumple una condena de siete años por el asesinato del ex ministro de Defensa Orlando Letelier, en Washington, el 21 de septiembre de 1976.
Junto a Contreras fue condenado a seis años su lugarteniente, el brigadier Pedro Espinoza Bravo. Los dos ingresaron en la prisión en 1995. En el mismo centro penitenciario están recluidos desde el mismo año ocho carabineros, condenados a penas que van desde la perpetuidad hasta cinco años y un día por el homicidio en marzo de 1985 de tres militantes del Partido Comunista. Los cadáveres de Juan Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino fueron encontrados degollados. El caso le costó el puesto en la Junta Militar al general Mendoza, jefe del cuerpo de carabineros. En el juicio fueron condenados 15 agentes y un civil.
El caso de los quemados
Otro carabinero, Héctor Díaz Anderson, cumple una sentencia de tres años y un día en Punta Peuco por la muerte del militante socialista Carlos Godoy Echegoyen, de 23 años. El joven fue detenido en 1985 y falleció en comisaría a consecuencia de las torturas que le infligió el agente Díaz. El oficial del Ejército Pedro Fernández Dittus fue condenado a 600 días de cárcel, que ya cumplió, por el caso de los quemados. En julio de 1986, una patrulla militar retuvo a un grupo de jóvenes que participaban en una protesta. Los uniformados rociaron con gasolina a los detenidos y les prendieron fuego. Rodrigo Rojas falleció y Carmen Gloria Quintana sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo. Fernández Dittus fue condenado por "denegación de auxilio". El militar Carlos Herrera Jiménez, condenado a 10 años, y el carabinero Armando Cabrera Aguilar, a seis años, están en Punta Peuco por el homicidio del dirigente del sindicato de transportistas Mario Fernández López, miembro de la Democracia Cristiana.
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