Represalias contra los españoles en Santiago

Las manifestaciones de los sectores pinochetistas más radicalizados se suceden día a día en los alrededores de las embajadas del Reino Unido y de España en la capital chilena. Las registradas en la noche del lunes acabaron con medio centenar de detenidos. Ayer por la mañana, unas 200 mujeres se concentraron en el mismo escenario para pedir el boicoteo a los productos españoles y británicos. El alcalde del distrito santiagueño de Providencia, Christian Lebbé, un teniente coronel retirado, decidió ayer prohibir todos los permisos para aparcar y canceló la recogida de basuras a todas las sedes diplomáticas españolas (embajada, consulado y la oficina de cooperación internacional, entre otras) "hasta que el general sea liberado". Las autoridades chilenas han reforzado la vigilancia policial en las sedes diplomáticas de Madrid y Londres, frente a las que se han colocado vallas metálicas.

En el barrio residencial de Vitacura se produjo una cacerolada de repudio a la detención del ex general, en una acción de similares características a las que llevaban a cabo los opositores al Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Al caer la noche, los sectores más opulentos de Santiago se llenan de vehículos con fotos de Pinochet y banderas que recorren las calles haciendo sonar el claxon. El acento inglés y español no es escuchado con especial cariño ahora en este país, que ha mirado siempre con simpatía a España y al Reino Unido.

Boicoteo parlamentario

La acción de los fieles a Pinochet se ha extendido al Parlamento, y ayer los senadores de los partidos de derecha Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI) iniciaron un boicoteo a las sesiones de la Cámara con el objetivo de paralizar la actividad parlamentaria mientras el ex dictador siga detenido. Esta actuación ha sido criticada por el presidente de la Cámara, el democristiano Andrés Zaldívar, que declaró que la mejor manera de contribuir a superar la crisis y no poner en peligro la transición es hacer que las instituciones funcionen. Desde las filas que reivindican la figura de Pinochet sube el tono de las críticas a la asesoría legal del senador vitalicio, que no evitó el error de su viaje a Londres. Mónica Madariaga, ministra de Justicia durante la dictadura, tuvo duras palabras ante la Televisión Nacional para el auditor general del Ejército, general Fernando Torres Silva, que el 3 de octubre de 1997 viajó a Madrid para entrevistarse con el juez Manuel García-Castellón, a quien entregó amplia documentación exculpatoria sobre Pinochet.