"La paz llegará a Colombia en el año 2000"

Andrés Pastrana quizá es como aquellos españoles de los que Nietzsche escribió un día que en un tiempo desorbitado lo quisieron todo. El presidente colombiano, inaugurado su mandato tan sólo el pasado 7 de agosto, es hoy un hombre de orquesta que toca varias partituras a la vez a la velocidad de un organillero presa del baile de san Vito. La semana pasada comenzaron las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para humanizar la guerra; el 7 de noviembre se abrirán las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y, simultáneamente, en el Congreso, se discuten la Reforma Tributaria y la Reforma Política, que concederá esta última al presidente facultades extraordinarias para las citadas negociaciones. Todo ese aparato de viento y cuerda apunta, sin embargo, a un único objetivo; el fin de la guerra civil de medio siglo, que elimine con la paz el motor del envilecimiento contemporáneo de este bellísimo y potencialmente próspero país: la coca.

El líder conservador apenas parece que en los meses transcurridos desde su victoria el 21 de junio se haya desabrochado el botón superior de la camisa. "Que me juzguen en el año 2000. En este país quieren ya resultados a los 30 días, y yo trabajo para que entremos en paz en el próximo milenio; para que ese año pueda ser el de la paz en Colombia". El que haya o vayan a comenzar negociaciones con las dos principales fuerzas guerrilleras sin que éstas le hayan concedido al país ni una escueta tregua; el que las FARC y el ELN repitan sin cesar que ni la firma de una hipotética paz les hará entregar las armas, y que quieren canjear, de poder a poder, con el Estado, varios cientos de presos de una y otra parte; el que exijan sin el más leve parpadeo la entrega de territorios en los que desarrollarían una soberanía de derecho, que ahora ya tienen de hecho, no descompone en modo alguno la embriagada convicción de paz del presidente.

"La evolución de las conversaciones les hará cambiar de opinión. Y, además, a mí nunca me han puesto condiciones para sentarse a dialogar. Jamás me han hablado de canje o de pretensiones territoriales. Lo que quiere la guerrilla es un espacio político a cambio del cual erradicará los cultivos de coca en las zonas donde opera -y de la que vive- que es la mayor parte de las casi 100.000 hectáreas que hay en el país; porque quieren demostrar que no son una narco-guerrilla". ¿Y por qué ahora sí y no en los 30 años anteriores? "Porque el contexto internacional les obliga a ello, porque ya no tienen proyecto político propio, y por todo eso Manuel Marulanda -el veterano y panzón líder de las FARC - vino a mí sin precondiciones en la campaña electoral. Y yo respondí ¡aquí estoy! y entablamos un diálogo franco y abierto, porque yo estoy convencido de que tiene la voluntad política de entrar en el proceso. Como dijo Simón Peres, la paz no se hace con los amigos, sino con los enemigos".

Pero la retirada del Ejército de esos municipios en los que se va a practicar el despeje para la negociación, con una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados, implica ya el reconocimiento de que la guerrilla constituye un Estado dentro del Estado.

"Nada de eso. En esos municipios permanecerá la autoridad civil, los alcaldes que son los jefes de policía de sus distritos -elegidos por o con la anuencia de la guerrilla- y además se mantendrán en ellos los familiares de los soldados que evacúen temporalmente la zona -unos 2.000-, así como el personal administrativo de nuestras bases en los territorios". Partirán los fusiles y permanecerán las máquinas de escribir.

"La negociación no puede conducir a implantar un Estado de las autonomías, como en España. Nunca, nunca nosotros -pronúnciese notros a la bogotana- reconoceremos entidades territoriales diferenciadas del resto de la República. Habrá 90 días de despeje para negociar, y otros 90 días adicionales si es necesario. Invitaremos a países amigos para la verificación de los acuerdos; especialmente porque la paz tiene más enemigos que amigos en el país, que están esperando que demos un paso en falso para meternos en la cárcel. Pero lo haremos todo dentro de la Constitución".

El presidente se refiere, verosímilmente, a que la carta constitucional de 1991 prohíbe la amnistía de quienes sean reos de delitos atroces o del secuestro de personas, como acontece con una parte de los más de 450 recluidos de las FARC, cuya libertad exige la guerrilla a cambio de los 250 soldados y policías, en su poder.

"Examinaremos caso por caso. Y me serviré de los poderes que me conceda la ley de reforma". ¿El indulto? "Sí, y aunque esos poderes sean temporales, creo que el derecho de gracia deberá quedar consagrado para siempre en la Constitución; ¿acaso en Europa, en España, no tiene permanentemente el jefe del Estado esa facultad?".

La totalidad, sin embargo, de los presos que las FARC han dicho ya que consideran canjeables, no parece que pueda ser liberada, precisamente, por esas exclusiones de atrocidad delictiva, hasta que se apruebe la reforma y, además, se reforme la Constitución en ese sentido.

"La reforma estará aprobada en primera lectura el 16 de diciembre y de manera definitiva el 20 de junio de 1999. Y si el Congreso no cumple con ese ritmo puedo echar mano del referéndum, de la aprobación de la ley por la vía popular, como ya apunté en la campaña. Pero no creo que sea necesario".

Pastrana visitará oficialmente la próxima semana Estados Unidos, donde tiene muchas explicaciones que dar sobre el despeje, por lo que implica de legitimación de la narco-guerrilla. "Yo he sido el primer presidente colombiano en 30 años en ser recibido en la Casa Blanca antes de la toma de posesión. El apoyo norteamericano, por tanto, es seguro, porque EEUU ha cobrado conciencia de nuestra determinación en combatir el cultivo. Y además tiene un complejo de culpa porque sabe que no nos ha ayudado como debía. Veamos el caso de Perú. Allí han recibido, digamos 100 para el desarrollo alternativo de los campos donde se había erradicado la coca, y 15 para la fumigación o destrucción de la planta, y a nosotros, 15 para lo primero y 100 para lo segundo. Y las proporciones han de ser las inversas. En Washington hay dos tendencias, una más policial, de erradicación, y otra favorable al desarrollo de esos territorios".

¿Tiene dudas, acaso, el presidente sobre la práctica de la fumigación aérea, que es el método que exige EEUU?

"La fumigación produce un deterioro medioambiental, como bien saben los campesinos. Y si vemos que con la aplicación del sistema en los últimos años la extensión cocalera ha pasado de 40.000 a más de 80.000 hectáreas, es que hay algo que no funciona. Pero los dos métodos son necesarios. Seguiremos fumigando, pero necesitamos ayuda, préstamos no donaciones, para poner en marcha ese desarrollo alternativo. Estamos estudiando, por ejemplo, con la asesoría de Malaisia, el establecimiento de cultivos de caucho en algunas zonas, de las que ya hemos identificado unas 300.000 hectáreas en el Magdalena Medio".

¿Y de dónde va a salir la plata para todo ello?

"Vamos a establecer en la declaración de la renta unos bonos de la paz, una contribución obligatoria de las rentas más altas que reportarán de 1.000 a 1.200 millones de dólares al año, y habrá que solicitar también el concurso del BID y del Banco Mundial. Necesitamos de 2.000 a 3.000 millones en los tres próximos años. Pero queremos que ese fondo especial para la paz sea como una urna de cristal que llene, principalmente, la iniciativa privada, que debe identificar los proyectos rentables y proponerlos al Gobierno para su ejecución conjunta".

Con este último floreo a lo Tony Blair, el hombre de la tercera vía y de la apelación a la sociedad, Pastrana edifica contagiosas catedrales de esperanza para un país que creía que ya lo había oído todo. A los 100 días de su toma de posesión, el incorregible presidente no ha perdido la fe. La guerrilla, tampoco.