El Tribunal de la Competencia obliga a liberalizar totalmente el sector del taxi

El Tribunal para la Defensa de la Competencia ha puesto contra las cuerdas a la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) de Barcelona. El tribunal ha condenado al ente por restringir la competencia. El fallo significa que el Instituto Metropolitano del Taxi (Imet), vinculado a la EMT, deberá retirar los topes de crecimiento del 5% que había establecido para las nuevas licencias de taxi. El fallo también marca el inicio de una desregulación en el sector del transporte público que pretende reducir las funciones de los institutos municipales, "auténticos frenos a la competencia", según el tribunal.

El Tribunal para la Defensa de la Competencia considera responsables de la infracción a los directivos del Imet Blas Alascio y José Novoa y también a la cúpula del Sindicato de Taxistas Autónomos de Cataluña (STAC), un sindicato corporativista muy extendido entre los autónomos del sector, que en su conjunto totaliza 10.900 licencias en Barcelona, con 13.000 empleos directos. El Imet había puesto en marcha de forma escalonada un plan regulador para limitar hasta el tope del 5%, como objetivo óptimo, el porcentaje de licencias de taxis que trabajan a doble turno. Este plan empezó a aplicarse en el verano de 1997 y ha contado con un apoyo bastante amplio en el sector, ya que a los taxistas autónomos les beneficia la reducción de la oferta. Otros medios del sector, el de las empresas que ofrecen el servicio sin limitaciones de horarios y de recorrido en toda el área metropolitana, se han opuesto al instituto municipal. En este grupo de empresas se incluye la Asociación Empresarial del Taxi, una agrupación sectorial que presentó la denuncia contra la EMT. Además del cupo del 5% para las licencia de taxis que trabajan doble turno, el Imet estableció el pago de una contribución especial de 65.000 pesetas por licencia al año. Este nuevo impuesto fue considerado irregular por la mayoría de los taxistas de Barcelona. Muchos han depositado el dinero en una notaría, pero se niegan a realizar el pago hasta que la obligación de satisfacerlo sea ratificada por el Ministerio de Hacienda. Los taxistas que han pagado la contribución esperan que la Imet cumpla su promesa de destinar el dinero recaudado a la amortización de 1.215 licencias, lo que supone reducir la competencia en más del 10%. La sentencia del Tribunal para la Defensa de la Competencia se inscribe de lleno en el programa desregulador que se ha marcado esta instancia jurídica, presidida por el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona Amadeu Petitbó. La doctrina del tribunal está muy orientada hacia la liberalización de los mercados de servicios, que en casi todos los casos están condicionados por institutos de carácter semipúblico cuya mediación, entiende el tribunal, distorsiona la competencia y provoca alzas en los precios finales que paga el consumidor. A criterio del tribunal, la formación de los precios en el sector servicios sufre un proceso distorsionado por la existencia de estas plataformas intermedias, y en el sector del taxi metropolitano, además de incrementar "el precio final colocan topes territoriales y horarios para acabar justificando la manipulación de la oferta y la restricción de la competencia". La sentencia contra el instituto del taxi ha sido notificada por el tribunal a la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda. La dirección general hará efectiva a partir de ahora la aplicación del fallo judicial, cuyo primer paso es la reducción de las competencias del Imet y de la EMT, abriendo una dinámica que puede significar la práctica desaparición de las funciones reguladores de estos organismos.

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