Pinceladas justicieras

El Ministerio de Justicia recurre (las plantillas). El Gobierno vasco eleva a definitivas algunas de las transferencias pendientes (las prisiones) y la sociedad vasca condena (a los jueces). Y todo esto mientras la singular aplicación de la justicia en estos cuatro años en Euskadi se ha asomado constantemente a las primeras páginas: el escándalo de la absolución por un jurado del asesino de dos ertzainas en Itsasondo, Mikel Otegi; un fiscal general como Jesús Cardenal, que se resiste a entregar el testigo de su plaza en el País Vasco; la multa al presidente del alto tribunal vasco, Manuel María Zorrilla, por regañar a tres magistrados que fallaron en su contra en un pleito con su ex esposa o los juzgados ennegrecidos por la acción de los cócteles mólotov. Si en 1994 los ataques a sedes judiciales apenas se contaban con los dedos de una mano, un año después se elevaron a 22 y en los dos años posteriores sumaron 30. Esta campaña de acoso violento -que ha costado cerca de 100 millones al erario público- obligó a que el Parlamento vasco, con apenas 13 meses de diferencia, aprobara dos declaraciones para respaldar el trabajo de los profesionales de la justicia marcados por la intolerancia y las amenazas. Una vez más, la acción de una viceconsejería como la de Justicia, que gestiona casi 12.000 millones de pesetas, quedaba difuminada por una lluvia de bombas incendiarias y dianas. Plan de Modernización Guarecidos bajo el paraguas que durante esta legislatura ha supuesto el Plan de Modernización de la Administración de Justicia, y con la transferencia del grueso del personal laboral en abril de 1996 a buen recaudo -524 oficiales, 800 auxiliares y 356 agentes-, la cartera manejada primero por el líder socialista Ramón Jáuregui, luego por su brazo derecho, Francisco Egea, y, en los últimos meses, por el nacionalista Sabin Intxaurraga, ha sorteado un sin fin de obstáculos. Dentro y fuera de casa. De hecho, alguna de las asignaturas pendientes para culminar el desarrollo autonómico en materia de justicia, como la de prisiones, se ha tenido que ventilar primero en casa. Las reticencias mostradas históricamente por el PNV para recibir esta transferencia fueron vencidas finalmente en esta legislatura. Nada más acceder al cargo, Egea logró que el Gobierno tripartito enviara una carta al Gabinete Aznar para abrir de inmediato la negociación sobre este traspaso. Para entonces, el PNV ya estaba en sintonía. En el frente abierto en torno a los presos, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento había aprobado un plan para acercar a los 1.168 reclusos vascos y navarros dispersos por las cárceles españolas. Otros 825 ya cumplen condena en las tres prisiones vascas. Unos centros que, según el informe del Ararteko de 1996, "son un foco de enfermedades" y tienen un problema de hacinamiento que "provoca graves problemas de convivencia". La declaración de tregua por parte de ETA y la gestión del asunto de los presos puede acelerar en la próxima legislatura una transferencia con el telón de fondo de una solución dialogada a la violencia. Si en casa se vencían las reticencias, en el exterior el Departamento de Justicia conocía el sinsabor de recibir una transferencia primero y, pocos años después, el acuse de recibo del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de las plantillas de justicia acordado con los sindicatos. La ministra Margarita Mariscal de Gante negaba de esta manera la capacidad que la transferencia otorgaba a las autoridades vascas para decidir sobre los puestos concretos de funcionarios y los requisitos necesarios según la realidad del mapa judicial vasco. Y todo con el argumento de la invasión de competencias, y con el consiguiente cabreo de los sindicatos, que han visto congeladas sus conquistas laborales tras dos meses de huelga. ¿Y que opina de todo esto el justiciable? Por resumir, una condena a trabajos forzados sin reducción de pena. Tres de cada cuatro ciudadanos vascos desconfían de los jueces, el 76% está convencido de que no son imparciales y hasta un 69% cree que existe discriminación por razón de la condición social del acusado. Y son datos oficiales. Hasta 25 millones se ha gastado el Departamento de Justicia para contrarrestar esta pésima imagen que arrastran los hombres y mujeres de la togas. El viceconsejero Iñaki Sánchez, una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de la justicia vasca - superviviente con el equipo de Intxaurraga- apuesta por el trabajo callado, alejado del show mediático. Y abriendo de nuevo el paraguas del Proyecto de Modernización, muestra algunos de los logros: los casi 48.000 metros cuadrados de superficie de sedes judiciales (1987) se han multiplicado por tres, con una inversión que rondará los 30.000 millones para el año 2000; el envidiado plan de informatización -con una primera fase en la que 1.800 puestos de trabajo funcionan ya en línea-, y un horizonte de inversión en 1999 que suma 4.600 millones. Con todo, se admite que en la reforma de la oficina judicial queda mucho camino por recorrer. Es de justicia caminarlo.