Amnistía pide al Gobierno británico que retenga al ex dictador Pinochet

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno británico que acepte la petición de los jueces españoles, Baltasar Garzón y Manuel García-Castellón, y retenga al ex general Augusto Pinochet en su territorio hasta que pueda ser interrogado. "Todo el asunto ya está en manos de Scotland Yard", dicen fuentes de Interpol en Londres, que aseguran no tener localizado al ex dictador. "Eso depende de la policía británica". Un portavoz de esta institución no quiso revelar si Pinochet estaba controlado o no: "No comentamos ese caso".

El hermetismo de Scotland Yard es similar al del Foreign Office. Nadie quiere comentar un asunto que se considera una verdadera patata caliente. La decisión final dependerá del Home Office, que hace funciones de Ministerio de Justicia y de Interior. La presión es cada vez mayor. Asociaciones de defensa de los derechos humanos y miembros del Parlamento de Westminster han instado al Gobierno laborista de Tony Blair que colabore con las investigaciones. "La presencia de Pinochet en el Reino de Unido otorga a las autoridades británicas una oportunidad única para cooperar en la lucha contra la impunidad de violaciones de los derechos humanos cometidos en Chile durante su mandato", señaló ayer Amnistía Internacional en Londres. "La comisión rogatoria debe concederse", añade Amnistía.

El liberal demócrata lord Avebury recurrió ayer a los trámites parlamentarios para presentar una pregunta al Gobierno: "¿Por qué no se detiene al general Pinochet mientras visita el Reino Unido?". El representante de los lores recordó que la legislación británica abre la vía al Ejecutivo para "arrestar y enjuiciar" a los presuntos implicados en crímenes contra la humanidad.

El embajador chileno en Londres, Mario Artaza, negó con rotundidad que Pinochet se hubiera refugiado en su residencia tras abandonar el miércoles el hospital. "Mi respuesta es una carcajada amarga. Lo desmiento categóricamente y me parece una broma de mal gusto", dijo.

En España, la Asociación Progresista de Juristas entregó a la Embajada británica en Madrid una petición para que el Gobierno Blair acceda a la petición de los jueces españoles. Según Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, García-Castellón debería decretar la orden de detención de Pinochet para evitar que éste evada la acción de la justicia. Este magistrado, en declaraciones a EL PAÍS, aseguró ayer que no tenía previsto tomar esa decisión. "Sé que sería una acción muy espectacular, pero yo no soy así. Tengo que tener una evidencia muy sólida y aún no la poseo", aseguró. García-Castellón opina que debe ser Garzón el que dé ese paso, pues en su escrito a las autoridades británicas solicita que impidan la salida del país a Pinochet.

El problema es que el juez Baltasar Garzón tampoco está seguro de tener evidencias suficientes en el caso de la Operación Cóndor (cooperación entre dictaduras latinoamericanas para liquidar disidentes), como para sostener jurídicamente una orden de captura del ex dictador.

López Garrido considera que esa medida se puede adoptar, como mera precaución, sin que implique una acusación formal contra el ex dictador. "De todos modos, creo que ya existen 200.000 razones para ordenar su captura", añade. Los abogados de la acusación particular en el sumario abierto en España por el caso Pinochet opinan lo mismo. "Si fuera otro caso, sin tantas ramificaciones políticas, Pinochet ya estaría procesado". De todos modos, consideran que lo sucedido en las últimas 48 horas representan un vuelco al caso. "La desaparición de Pinochet del hospital donde se encontraba inscrito con nombre falso es la reacción típica de un delincuente que teme ser sometido a la justicia".

En Chile, mientras, el Gobierno mantiene la calma, pues sostiene que el pasaporte diplomático que porta el senador vitalicio le inmuniza contra cualquier intento de los jueces españoles, según informa Manuel Délano desde Santiago.