La mujer en España y el coste cero

La Constitución española sólo menciona a la mujer, específicamente, en dos ocasiones. Una, en el artículo 32, para afirmar la igualdad jurídica del matrimonio. Otra, en el artículo 39, para proteger la maternidad. Deberíamos estar orgullosos de una Constitución que reconoce que, en España, no hay hombres o mujeres como sujetos de derechos y deberes, sino, sencillamente, ciudadanos. Es más, en el artículo 14 afirma la igualdad fundamental de los ciudadanos españoles ante la ley, "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".Las últimas décadas del siglo XX están siendo años claves para la igualdad de oportunidades de la mujer, muy especialmente en España. Sin embargo, una cosa es el espíritu de la ley, e incluso su propia letra, y otra muy distinta su aplicación concreta. Es cierto que existe un amplio consenso político respecto a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Pero también lo es que, en la práctica, persisten las dificultades y obstáculos que la impiden de hecho.

A punto de cruzar la frontera del siglo XXI, ha llegado la hora de dejar a un lado la retórica de las declaraciones y centrarse decididamente en los hechos. En España no hay ni puede haber otra cosa que ciudadanos, con los mismos derechos, con los mismos deberes y con las mismas oportunidades.

Ser mujer, por el mero hecho de serlo, no puede significar una carga, un obstáculo, una barrera o un déficit. Este Gobierno no pretende competir en el terreno de la oratoria o de la estrategia electoral con quienes nos tienen acostumbrados a altisonantes declaraciones. Lo que este Gobierno quiere hacer y está haciendo es detectar los problemas que impiden la igualdad real de oportunidades y proponer medidas específicas para resolverlos.

Una mujer discriminada por el hecho de ser mujer no es meramente un dato estadístico, sino un incumplimiento constitucional, un disparate cultural y un atentado a los derechos fundamentales. Puede ponerse el grito en el cielo, pero es preferible poner las cosas en su sitio. Para hacer posible la igualdad de oportunidades del hombre y de la mujer es imprescindible hacerla efectiva en el mercado de trabajo.

El Gobierno acaba de aprobar un real decreto-ley, convalidado por la totalidad de los votos de los diputados asistentes a la sesión parlamentaria correspondiente, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los periodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento. Es lo que se ha dado en llamar el coste cero. Con esta medida, a la que hay que sumar otras que se han adoptado y que se adoptarán en un próximo futuro, el Gobierno de centro reformista pasa del dicho al hecho.

Uno de los problemas principales que sufre el mercado de trabajo español es la inferior participación de las mujeres en la población ocupada y una persistente feminización del paro. Si es cierto que el crecimiento de la población activa en los últimos 20 años se debe en un 80% a la incorporación de 1a mujer al mercado laboral, no es menos cierto que en esos años, si bien hay un millón más de mujeres ocupadas, han crecido asimismo las mujeres paradas.

Además de otros obstáculos, no cabe duda de que una de las mayores dificultades que tienen las mujeres para acceder a un puesto de trabajo consiste en el prejuicio social respecto a la contratación de mujeres con expectativas de maternidad. Es injusto y absurdo, pero es cierto. Es injusto porque la maternidad es un derecho y porque el absentismo laboral femenino -vieja excusa injustificada- es menor que el de los hombres. En un país que tiene la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea y una de las más bajas del mundo, además de injusto es absurdo.

El coste cero es una medida que pretende eliminar, en la práctica, la discriminación existente en la contratación de mujeres mediante la desaparición total de los costes que para las empresas ha significado hasta ahora la contratación de personas en sustitución de las mujeres durante sus permisos legales de maternidad, adopción y acogimiento. Es decir, a partir de ahora, el prejuicio empresarial y social que ha retraído la contratación de la mujer carece de justificación Es más, a partir de ahora, va a ser más rentable para una empresa contratar a una mujer.

Hasta ahora, las empresas que decidían sustituir a una mujer en razón de su permiso legal de maternidad tenían que soportar un doble coste en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, ya que pagaban íntegramente las cotizaciones correspondientes a la persona sustituida y también las correspondientes a la persona contratada en su sustitución. Las empresas, a partir de ahora, disminuirán sus costes medios en cerca de 200.000 pesetas por contrato de esta modalidad. De este modo, además, se garantiza la libertad y el derecho de la mujer a ser madre y a desarrollar una actividad laboral.

Esta medida posibilita que la decisión de los trabajadores y trabajadoras de ser padres no afecte al funcionamiento y al coste de las empresas e incentive la utilización del permiso de maternidad por parte de los hombres al facilitar su sustitución en igualdad de condiciones que la mujer.

Si es cierto que la legislación vigente hace posible que el padre opte por disfrutar cuatro de las 16 semanas en concepto de paternidad, el número de padres que lo demandan no llega al 2% de los afectados. Esta medida, pues, contribuye a una mejor conciliación de la vida familiar y la vida laboral.

Con ello, el Gobierno responde a sus compromisos expresos en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y los contenidos en el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España de 1998 con el objetivo de combatir la discriminación todavía existente entre hombres y mujeres en el mundo laboral.

Además, el Gobierno manifiesta así su voluntad de desarrollar una política social fundamentada en el mayor grado de consenso posible de todas las fuerzas políticas y sociales. Esta medida, un hito histórico en nuestro país, no sólo cuenta con el consenso y el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales, sino que viene a dar cumplimiento a las resoluciones del debate del estado de la nación celebrado este año y a otras iniciativas parlamentarias.

Esta medida, además de beneficiar globalmente a todas las mujeres españolas, y en especial a las mujeres trabajadoras, lo hará de manera directa y concreta a 40.000 personas desempleadas que serán previsiblemente contratadas en sustitución de los trabajadores afectados por los permisos legales de maternidad, adopción o acogimiento.

Igualmente beneficiará a los trabajadores incentivando el uso de su derecho al disfrute del permiso de maternidad. Y beneficia asimismo al conjunto de la sociedad fomentando la protección social de la maternidad y el apoyo a las familias españolas.

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una aspiración de la mayoría de la sociedad española. Pero de lo que se trata, a punto de traspasar la barrera del siglo XXI, es de hacerla real y eficazmente posible. El coste cero es un paso importante en esa dirección.