El Gobierno fijará este año las tasas del gas tras el visto bueno del Consejo de Estado

El Departamento de Industria hizo público ayer el dictamen del Consejo de Estado, organismo al que presentó su proyecto de decreto sobre los derechos de alta e inspección del gas natural para que avalase su legalidad, y que coincide con sus planteamientos. "El alta y la inspección de las conducciones de gas canalizado constituyen una carga impuesta a los concesionarios por la Administración Pública, que debe ser retribuida por los usuarios mediante el abono de los derechos generados por tal prestación", dice el informe del máximo órgano consultivo en materia de legalidad. El Consejo de Estado considera, por ello, que la existencia de las tasas de alta e inspección es "legítima y no es preciso que se autorice por ley, pero debiera ser regulada por la Administración concedente". Industria anunció ayer la regulación de la cuantía de la tasa a través de un decreto, cuyo borrador se presentará primero a los agentes implicados, como las empresas de gas y las asociaciones de consumidores. Después, se realizarán los informes preceptivos y se aprobará en el Consejo de Gobierno. En cualquier caso, su puesta en marcha sufrirá un gran retraso sobre las previsiones iniciales, ya que se barajaba su ratificación antes del verano. De hecho, el anuncio de la elaboración de un decreto se realizo el pasado mes de febrero. La consejería afirmó que el dictamen del Consejo de Estado permite iniciar la resolución de las 11.000 reclamaciones por el sobreprecio de la tasa, aunque un portavoz oficial de Industria adelantó "que el proceso será lento por la cuantía de demandas existente". La postura del Gobierno contrasta con la de todas las asociaciones vascas de consumidores, que han considerado ilegal el cobro de la tasa y han amenazado varias veces con trasladar este asunto a los tribunales. El Ararteko también intervino en la polémica y pidió a principios de año que se "proceda a la anulación de los cobros". "Estamos ante un prestación que se impone coercitivamente, sin que al usuario le quede otra opción para eludir el pago que no sea la de renuncia a su utilización", expresaba el informe de Xabier Markiegi sobre la actuación de Bilbogas, la empresa que opera en la capital vizcaína en régimen de monopolio.