Francia debate hoy el reconocimiento de uniones homosexuales y parejas de hecho

La Asamblea francesa abre hoy el debate sobre el Pacto Civil de Solidaridad (PACS) que otorga a todas las parejas no casadas derechos fiscales, sociales y laborales similares a los de los matrimonios y lleva consigo el reconocimiento administrativo expreso de las uniones homosexuales. La pasión, presente desde hace semanas en el seno de la sociedad francesa, está largamente asegurada en este debate, al igual que la aprobación genérica al proyecto, sostenido por la totalidad de la mayoría parlamentaria de izquierdas. La oposición, que con el apoyo de las iglesias de las distintas confesiones religiosas ha presentado casi 900 enmiendas, se dispone a librar un dura batalla política.

La polémica reproduce con perfecta nitidez la división clásica derecha-izquierda, a pesar de lo cual el proyecto de ley suscita reservas e incógnitas en todos los campos, además de aventar algunos de los viejos fantasmas sobre la homosexualidad. Mientras desde la derecha se afirma que el proyecto instaura el matrimonio homosexual, las organizaciones de gays y lesbianas reprochan precisamente al texto gubernamental el no haber satisfecho ese mismo objetivo y se lamentan de que no se les reconozca la posibilidad de la adopción.Numerosos políticos y expertos de uno y otro campo ideológico temen que este nuevo pacto social socave los cimientos institucionales del matrimonio civil republicano, dada la mayar facilidad que ofrece para su constitución y disolución.

La iniciativa del Gobierno de Lionel Jospin, una de las promesas electorales de la izquierda, responde al fenómeno del progresivo incremento del número de parejas heterosexuales no casadas y a la pelea emprendida por los colectivos homosexuales a partir de los años del sida.

En tres decenios, el número de parejas de hecho, lo que la Administración francesa define como "régimen de concubinato", ha pasado del 3% al 12%. Considerada en otra época como una situación eventual previa al matrimonio, la unión libre ha terminado por cristalizar en una opción propia adoptada por 4,4 millones de ciudadanos de muy distintas edades. Según el Instituto de Estadística francés, el 39% de los nacimientos se produce actualmente fuera del matrimonio.

El PACS ofrece un estatuto jurídico, fiscal y social similar al que disfrutan los matrimonios, aunque pospone el disfrute de esas ventajas a partir del segundo o tercer año, según los casos, de convivencia demostrada. Las parejas de hecho heterosexuales u homosexuales podrán presentar una declaración conjunta de la renta, beneficiarse del derecho de sucesión con una reducción del impuesto sobre la herencia y ser reconocidos en el ámbito laboral a efectos de vacaciones o cambios de destino.

La cobertura social de uno de los miembros de la pareja cubrirá automáticamente a la otra parte y generará derechos traspasables, todavía no determinados, a efectos de pensiones. El fallecimiento de una de las partes o la separación, no elimina el derecho a conservar la vivienda de alquiler en las condiciones estipuladas.

Las uniones libres no tendrán que firmar el PACS en los ayuntamientos, como ocurre con los matrimonios, sino en las prefecturas de policía. Una simple declaración unilateral de ruptura presentada formalmente en esos centros bastará para dar por roto el pacto.

El ciudadano extranjero unido a un súbdito francés tendrá derecho a un permiso de residencia a partir del primer año de convivencia, y pasados cinco años podrá obtener la nacionalización.

La futura ley no prevé la posibilidad de que los homosexuales puedan aspirar a adoptar un niño, tema espinoso que ha dado lugar a encendidos debates con representantes de la comunidad gay y lesbiana.

Los socialistas se encuentran divididos sobre la propuesta, planteada inicialmente por diputados de la derecha, de que los hermanos y hermanas puedan también acogerse a los PACS.

Con excepción del Gran Rabino de París, David Messas, partidario de no presionar a un Gobierno democráticamente elegido, los representantes del resto de las confesiones religiosas han asumido en bloque la denuncia del proyecto que, a su juicio, amenaza la institución familiar.

Desde el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, Louis-Marie Billé, al rector de la Mezquita de París, Dalil Boubakeur, pasando por el presidente de la Federación Protestante de Francia, Jean Tartier, todos ellos critican el hecho de que el Gobierno no les haya consultado cuando sí lo ha hecho con las asociaciones homosexuales.