La plataforma del agua volverá a la calle el próximo 22 de noviembre

La insumisión fiscal ante los impuestos que gravan el recibo del agua no amaina. Los indicios de una paz incluida en la redacción de la futura ley del agua se han desvanecido y los vecinos han decidido volver a su lugar natural, que es la calle. La plataforma está organizando una manifestación para el próximo 22 de noviembre ante la evidencia, afirman, de que el proyecto no recoge ninguna de sus reivindicaciones. El número de familias insumisas asciende a 80.000 y los impuestos que se han dejado de pagar suman 7.000 millones de pesetas.

La plataforma del recibo del agua, copiando métodos de mercadotecnia turística, se apresta a celebrar el "impago un millón", es decir, que un millón de recibos con impuestos han sido impagado. Para ser exactos: un millón de veces los titulares de los contadores han acudido a la ventanilla de una entidad de ahorros y han abonado el importe neto del agua consumida y el IVA correspondiente, pero se han negado a pagar el resto de los impuestos que gravan el recibo, que pueden llegar duplicar el importe del consumo. Un millón de veces son muchas veces, de forma que, al final, La Caixa ha terminado por imprimir un recibo de las cantidades abonadas. Además de notificar el hecho a Aguas de Barcelona para evitar los cortes por presunto impago, la entidad de ahorros entrega una copia para el cliente y otra para la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc), que da apoyo logístico a la protesta. Los vecinos están satisfechos de la evolución de la insumisión, movimiento al cual se ha sumado en los últimos meses el barrio barcelonés de Sarrià, hasta ahora prácticamente ausente. La mayoría de los adheridos a la plataforma son personas con escasos ingresos, para las que el recibo del agua representa un porcentaje elevado de su nómina. Uno de los objetivos de la ley del agua era poner fin a esta situación de insumisión fiscal, cuyo importe alcanza ya los 7.000 millones de pesetas. Pero las últimas conversaciones mantenidas entre la plataforma vecinal y la delegada del Gobierno, Marta Lacambra, han terminado en nada, aseguran los dirigentes de los vecinos. La Confavc reclama una solución para el recibo y, además, un tratamiento para el futuro que se base en que pague más quien más consume, atendiendo al número de personas que reciban agua a través de un contador y aceptando como punto de inflexión los 100 litros por persona. Entienden los vecinos que penalizar el consumo sólo sobre la base del contador es un mal sistema, ya que si una familia tiene cuatro miembros debe empezar a pagar más a partir del litro 401, mientras que un abonado que viva solo debe ser penalizado a partir del litro 101. El Gobierno catalán ha rechazado de plano este criterio hasta el momento, según fuentes vecinales, aduciendo la imposibilidad de utilizar datos privados (el censo) para este tipo de operaciones. Los vecinos han propuesto que sea el abonado quien pruebe, por los mecanismos que se acuerden, el número de consumidores, pero la propuesta ha sido desestimada por los responsables de los Departamentos de Medio Ambiente y Política Territorial, de los que depende la delegada para la ley del agua. El resultado ha sido el desencuentro y la decisión de la plataforma de volver a llevar la protesta a la calle, como sistema efectivo de presión en época preelectoral y ante la evidencia, suponen, de que el candidato a la alcaldía por CiU en Barcelona, Joaquim Molins, no querrá que se recuerde que el consejero autor de la ley del agua que encendió la guerra hace siete años fue el propio Joaquim Molins.