120 organizaciones piden a la Administración que se implique en la condonación de la deuda externa

Con el lema Deuda externa, ¿deuda eterna?, las entidades Manos Unidas, Cáritas, Justicia y Paz y Confer han promovido una campaña a la que se han adherido 120 organizaciones y más de 40 países, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública de la necesidad de condonar la deuda externa y promover inversiones en educación, salud y medio ambiente en los países deudores. Los promotores de la campaña consideran "viable" la condonación y anuncian que el próximo 26 de noviembre (fecha en la que faltarán 400 días para el año 2000) realizarán diversas actividades por todo el país para instar al Gobierno central y a los parlamentos autonómicos a que "se tomen en serio este tema". José María de Scals, director de Cáritas en Valencia, anunció que esta organización dedicará el próximo año el 3,5% de su presupuesto para ayudas al tercer mundo (siete veces más que el tan solicitado 0,7%) y pidió a los partidos políticos que dejen claro en sus programas qué porcentaje destinarán a este fin. Andrea Damacena, socióloga y profesora en la Universidad de Río de Janeiro (Brasil), señaló que la deuda externa es un "mecanismo perverso" que demuestra la "irracionalidad" del sistema capitalista, que permite que los ricos sean cada vez más poderosos y los pobres cada vez más pobres. Damacena denunció la exclusión social que sufren millones de brasileños y advirtió que el crecimiento de la pobreza eleva los niveles de inseguridad, lo que a menudo pone en peligro la preservación del estado de derecho. Las entidades promotoras de esta iniciativa ( la campaña durará dos años) entienden que no puede haber justicia mientras los escasos recursos de que disponen los países pobres se destinen a pagar la deuda y añaden que mientras todas esas personas vivan en condiciones infrahumanas, su derecho a la dignidad estará permanentemente violado. Además de pedir al Gobierno valenciano y las Diputaciones provinciales que se impliquen en la condonación, las 120 organizaciones involucradas en la campaña abogan por la creación de tribunales de expertos que negocien la deuda país por país y vigilen a los gobiernos corruptos. Ayer, el consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, emplazó al parlamento autonómico a modificar el sistema de control de los proyectos que realizan las ONG"s en países en vías de desarrollo, que no satisface, dijo, ni a las organizaciones humanitarias ni a la propia Administración, y aseguró que el Gobierno valenciano sólo ha pedido en una ocasión a una ONG que devolviera el dinero de un proyecto, porque los objetivos "no se estaban cumpliendo". Ripoll afirmó que el PP invirtió 3.159 millones en proyectos de cooperación entre 1995 y 1997, frente a los 185 destinados el bienio anterior. No obstante, la oposición reclamó que la Generalitat destine el 0, 7% del presupuesto a cooperación, ya que hoy apenas se llega al 0,03%.