Mariscal retrasa varios días el envío al Gobierno vasco de su propuesta sobre el conflicto de las plantillas judiciales

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, no enviará al Gobierno vasco su propuesta para resolver el conflicto de la plantilla judicial hasta el próximo lunes por lo menos. El Ejecutivo de Vitoria esperaba disponer ayer de esta propuesta, tal y como había asegurado la propia ministra al consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, durante la reunión que celebraron el pasado jueves para intentar desbloquear el problema. Según fuentes ministeriales, Mariscal se reunió ayer con representantes del Ministerio para las Administraciones Públicas y de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de Justicia para delimitar los extremos de la propuesta que enviará al Gobierno de Vitoria. Intxaurraga y Mariscal se entrevistaron el jueves después de que el consejero emplazara a la ministra hace una semana tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar la aplicación del acuerdo para la modernización de la justicia vasca por el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central. Confianza de Intxaurraga El convenio fue suscrito por sindicatos y Gobierno vasco en marzo pasado. La suspensión del acuerdo tiene como consecuencia más inmediata el recorte de las prestaciones salariales de los 1.700 funcionarios fijos y de los 200 interinos que integran la plantilla judicial vasca. Los agentes judiciales, auxiliares y oficiales de Justicia pactaron con el Gobierno vasco su homologación retributiva con el resto de funcionarios de la comunidad. Los afectados por la suspensión cobrarán entre 350.000 y 580.000 pesetas menos al año. El consejero reiteró ayer su confianza en que la ministra le plantee una fórmula de acuerdo porque está dispuesto a "aprovecharla", si no supone una "cesión de las competencias del autogobierno vasco". "El Ejecutivo autónomo", recalcó, "no va a hacer grandes modificaciones en cuanto a lo acordado con los sindicatos. No creo que tengamos que ceder nada porque nuestra competencia está bien definida". Sin embargo, Intxaurraga apostó por propiciar un "acercamiento" entre las posiciones de ambos gabinetes en aras a crear "un clima de convivencia más distendido del que se deriva del recurso presentado por Madrid". El titular de Justicia subrayó la necesidad de no añadir "crispación en la clase judicial" en un momento de "paz y esperanza" en la sociedad vasca tras la tregua declarada por la organización terrorista ETA a mediados del mes de setiembre. En cualquier caso, Intxaurraga dejó claro que si Madrid no retira el conflicto de competencias, el Departamento de Justicia y los sindicatos crearán un foro permanente de diálogo para dar con una solución alternativa. Perfil de euskera Además de las retribuciones económicas, otro de los aspectos conflictivos es la exigencia del Gobierno vasco de que al menos un funcionario de cada juzgado tenga el perfil de euskera necesario para atender las demandas de los ciudadanos euskaldunes. Pero, según Intxaurraga, Mariscal no mostró durante la entrevista en Madrid una postura contraria a la euskaldunización de la plantilla de funcionarios judiciales de Euskadi. "La ministra", explicó el consejero, "sabe que el Gobierno vasco tiene la competencia de articular la euskaldunización de los trabajadores en alguno de sus puntos".