La ponencia lingüística de Jueces para la Democracia critica la defensa del traductor que hizo el Constitucional

La ponencia sobre cooficialidad lingüística que se discutirá a partir de mañana en el XIII congreso de Jueces para la Democracia critica la interpretación que sobre la utilización de los traductores en los juicios hizo en 1997 el Tribunal Constitucional. Frente a la tesis de la idoneidad de la figura del traductor, la propuesta considera que el citado auto "sentó un precedente que en nada contribuye a lograr la pacificación del debate y su correcto encauzamiento". Y dice que el Constitucional olvida el derecho de ciudadanos y abogados que hablan otras lenguas a no ser "tratados como extranjeros en su país".

La ponencia, en cuya redacción han participado miembros de la sección de la vasca de la asociación judicial progresista, critica al alto tribunal por establecer que los componenes de los órganos judiciales no tengan obligación alguna de conocer el idioma cooficial de su comunidad autónoma. Y considera que, al potenciar la figura del intérprete como intermediario entre juez y ciudadano, el Constitucional "séntó las bases de un callejon sin salida", que "provocará un aumento del diálogo de sordos en que se está convirtiendo este tema". El texto constata que "los tribunales de justicia son, hoy por hoy, en su gran mayoría y salvando honrosas excepciones, islas monolingües en un Estado plurilingüe, en las que no tienen plena efectivad los derechos lingüísticos de sus ciudadanos, pues aunque formalmente se les respeten, en la práctica cotidiana no es así; cuando menos, no en régimen de igualdad paritaria con el castellano". Ante esta situación, los redactores de la ponencia creen que una asociación como Jueces para la Democracia, "progresista, plural y franca", no puede postergar el debate de la cooficialidad de las lenguas en la Administración de Justicia "alegando razones de oportunidad" y abogan por "defender las señas de identidad de los distintos pueblos", como la lengua. Porque "no es mediante una política de hechos consumados en favor de uno o de otro idioma cooficial como vamos a encontrar soluciones al problema", añaden. La "conflictividad" que ha generado el debate sobre el uso del euskera en los juicios -que desembocó en el País Vasco en una campaña de amenazas a magistrados por parte del Sindicato de Abogados Euskaldunes- anima a los redactores de la ponencia a buscar soluciones "reales y efectivas". Aunque el documento es deudor, incluso en su lenguaje, de postulados nacionalistas, dice pretender no relacionar los "derechos lingüísticos con posiciones nacionalistas". "Cuando dos idiomas comparten un mismo espacio geográfico, el avance de uno significa inexorablemene la reubicación del otro", se dice en la ponencia, que considera la lengua "derecho fundamental". Los ponentes mantienen que en España las lenguas que no han conseguido el "estatuto de estatales" se han convertido en una "peculiaridad molesta", que "sobran" y están "condenadas a desaparecer" en la nueva Europa. Y responsabilizan de esta situación a los "dirigentes políticos de nuestro país", al tiempo que lamentan que ese sea el planteamiento de "muchos miembros de la carrera judicial". Ante la normalización creciente en terreno de la cooficialidad, la ponencia se pregunta por qué "en el ámbito de la justicia tiene que ser distinto. ¿Acaso ha de ser un poder tan aislado que incluso es incapaz de conectar con el entorno social cuyos conflictos está llamado a juzgar y resolver?". Los redactores creen que el Constitucional olvida que el principio de inmediación en los juicios es "básico" y "consustancial con la función de juzgar", algo que se ve mermado a su juicio por la utilización de traductores. Frente a la "sorprendente", "escueta y poco meditada" resolución del Constitucional, el documento pide que se incorpore la jurisprudencia sobre los "criterios de exigibilidad preceptiva gradual" que para la Función Pública ha elaborado el alto tribunal.