Joan Miquel Nadal se siente víctima de un proceso inquisitorial

Agotados todos los trámites legales para parar la votación de su suplicatorio, al alcalde de Tarragona, el convergente Joan Miquel Nadal, tan sólo le quedaba ayer la posibilidad de convencer al Congreso de Diputados de que la investigación del fiscal por un presunto delito de tráfico de influencias es una persecución inquisitorial contra su persona. En este argumento se centra el escrito de alegaciones, de 32 páginas, que ayer presentó ante la Cámara baja.

Nadal acusa a la fiscal María José Osuna de actuar movida por un impulso de revancha contra el Ayuntamiento de Tarragona y el propio alcalde. Nadal había solicitado a la Mesa del Congreso que interrumpiera el proceso para solicitar al Tribunal Supremo una veintena de documentos no incluidos en el sumario y que, a su juicio, eran fundamentales para su defensa. La Mesa denegó ayer, con el único voto en contra de un miembro de CiU, el diputado Josep López de Lerma, la solicitud de Nadal. El alcalde entregó por la tarde su escrito ante el registro del Congreso e inmediatamente se trasladó a Tarragona para presentarlo ante los medios de comunicación, flanqueado por la totalidad de concejales de CiU del consistorio. Nadal arrancó con fuerza su discurso: "Por primera vez en la vida puedo empezar a defenderme y quien niegue que tengo derecho a hacerlo es un fascista", para luego continuar con toda una serie de argumentos para demostrar que ha sido víctima de una persecución "inquisitorial" por parte de la fiscal María José Osuna. Los abogados del alcalde y él mismo conocen a la perfección la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tan sólo admite la denegación del suplicatorio en caso de "intencionalidad hostil". El alcalde entiende que, al tratarse de un procedimiento penal "injustificado y sin fundamento", se encuentra "frente al fumus persecutionis, que, precisamente, el instituto de la inmunidad pretende neutralizar". A pesar de utilizar estos razonamientos, Nadal negó en la rueda de prensa que su intención sea paralizar el proceso, sino todo lo contrario: "Estas alegaciones no significan que no quiera el suplicatorio, sino que suponen una explicación a mis compañeros diputados y a la ciudad de Tarragona. Tan solo quiero defenderme". Para razonar la actuación revanchista de la fiscal, Joan Miquel Nadal arguye que María José Osuna tenía pendiente un contencioso judicial urbanístico contra el propio Ayuntamiento de Tarragona cuando inició las investigaciones contra el alcalde. El escrito de alegaciones niega que Joan Miquel Nadal cometiera un presunto delito de tráfico de influencias porque no obtuvo "prevalimiento" al conceder la licencia municipal para explotar un túnel de lavado a una sociedad de la cual formaba parte. La Comisión del Estatuto del Diputado se reunirá mañana para decidir si concede o no el suplicatorio. En caso afirmativo, la votación podría producirse en el pleno del próximo día 8 de octubre.