Errores médicos

DESDE 1995 se han presentado casi 4.000 denuncias por error médico o negligencia contra los facultativos del Insalud y de los organismos gestores de la sanidad pública en las comunidades autónomas. Una parte importante de estas denuncias se refieren a casos en los que el error o la negligencia causó la muerte del paciente. Toda actividad humana es susceptible de error, y la medicina no es una ciencia exacta que pueda garantizar un resultado. Pero precisamente en un campo en el que los errores tienen muchas veces consecuencias irreparables es necesario estudiar cómo se han producido para aplicar las medidas correctoras necesarias.Muchos de los daños denunciados se han producido por un funcionamiento inadecuado del sistema sanitario, bien por fallos de organización, bien por un ejercicio profesional deficiente. El caso más significativo, por su alta incidencia y por las consecuencias fatales que muchas veces tiene, es el de diagnósticos erróneos de infartos. El hecho de que en el 57% de los casos denunciados ante el Insalud se haya constatado que los médicos incumplieron las normas básicas de actuación revela que la red sanitaria tiene bolsas de ineficiencia muy peligrosas para sus usuarios. Muchos de estos infartos mal diagnosticados fueron atendidos en servicios de urgencias colapsados y mal dimensionados. Cuando un error se repite tanto, no cabe sólo asignar el parte de culpa al facultativo de turno, sino que hay que averiguar si ejerce su profesión en las condiciones requeridas para evitar el error. Es evidente que la dotación de los servicios de urgencias no es suficiente para atender la avalancha de pacientes que muchos hospitales sufren.

Otro ámbito en el que se produce gran cantidad de demandas es en el de las pruebas diagnósticas agresivas, normalmente mediante tecnologías de punta, que no cuentan con mecanismos de evaluación suficientes para garantizar su buen uso. Su manejo por manos inexpertas causa estragos en los pacientes que deberían evitarse.

Las autoridades sanitarias suelen acoger con preocupación y reticencia las denuncias que se presentan. Es cierto que en los últimos años ha aumentado el número de reclamaciones por la vía civil y las demandas judiciales por la vía penal. Y que no llega al 10% el número de denuncias que termina en condena. Pero es también cierto que muchos casos quedan olvidados bajo el manto de la resignación de las víctimas.

Las autoridades sanitarias deberían ser las primeras interesadas en conocer a fondo los casos que se denuncian. No es lo mismo el error médico que la mala praxis. En el error deben subsanarse los factores que han podido propiciarlo. En la mala praxis deben exigirse además responsabilidades penales. Sería bueno que la Administración sanitaria no infligiera a las víctimas de una conducta profesional negligente un segundo castigo: el calvario de recorrer los tribunales para tratar de lograr unas pruebas que el corporativismo médico les escamotea hasta límites insultantes. La Administración sanitaria debe actuar con decisión contra tales conductas. La ejemplaridad es en estos casos la mejor medicina para prevenir nuevos desaguisados.