El diálogo social sólo avanza en el acceso a pensión para los contratados a tiempo parcial

El diálogo abierto el pasado mes de julio entre el Gobierno y los agentes sociales ha producido muy pocos avances. En prácticamente 30 reuniones técnicas, tan sólo se vislumbran claros avances en el acceso a pensión para los contratados a tiempo parcial. El resto de temas discurre con discrepancias, sobre todo en las principales peticiones sindicales: la mejora de la cobertura del desempleo y los incentivos a la reducción de jornada. UGT y CCOO afirmaban ayer que la aprobación de los Presupuestos "hipoteca" el acuerdo, porque no contienen dotación para esas demandas.

De las tres mesas de negociación abiertas sobre los incentivos al empleo estable, políticas activas y pasivas y mejora de la contratación a tiempo parcial, esta última es la única que ofrece claros avances, aunque no sin dificultades. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos tienen casi cerradas las tablas de equivalencia que permitirán el acceso a la pensión contributiva a los trabajadores con jornada reducida.Ahora se les exige haber cotizado 30 años, frente a los 15 del resto de los trabajadores, para reunir el periodo de carencia, lo que es prácticamente imposible de alcanzar para la gran mayoría. Para corregir eso, se discuten unas tablas de equivalencia por las que se considera tiempo cotizado los fines de semana y las vacaciones, aplicando un coeficiente multiplicador de forma que por cada cinco horas de trabajo se consideran cotizadas ocho. Aunque este tema no está cerrado del todo, los trabajadores a tiempo parcial podrán acceder a la pensión contributiva con un tiempo de cotización en torno a los 21 años.

En esta mesa hay un escollo importante, ya que Trabajo quiere considerar jornada a tiempo parcial la realización de un volumen de hasta 500 horas complementarias al año. Los sindicatos se oponen porque supondría encubrir contratos de jornada normal.

Las otras dos mesas negociadoras registran discrepancias aún mayores, en especial las que se refieren a la mejora de la cobertura del desempleo, los incentivos a la reducción de la jornada laboral y la penalización de la contratación temporal, que son las tres principales demandas de las centrales.

Trabajo hasta ahora se ha negado a la ampliación del subsidio de paro, tal como UGT y CCOO reclaman, y dirigida a los colectivos de parados de larga duración y con responsabilidades familiares. El ministerio ofrece para los desempleados mayores de 45 años la creación de talleres-escuela, una figura muy parecida a las actuales escuelas-taller, que tienen un funcionamiento satisfactorio en formación ocupacional y que la ofrece ligada a la percepción de un subsidio.

En la reducción de jornada, el diálogo de sordos es palpable. Trabajo insiste en que es un tema que corresponde negociar a sindicatos y empresarios, y la patronal CEOE todavía no ha comunicado si tiene mandato negociador de sus órganos directivos para discutir el asunto.

Aunque oficialmente no lo han comunicado, las direcciones de CCOO y UGT consideran prácticamente imposible lograr un acuerdo global, y tan sólo esperan cerrar pactos parciales.

Ayer, en declaraciones públicas, sí manifestaron su desacuerdo con el contenido de los Presupuestos de 1999. CCOO los criticó porque "no fomentan la cohesión social y ponen "en grave riesgo" el futuro del diálogo social. Para este sindicato, la política económica diseñada marca un retroceso en la cobertura del desempleo, así como una rebaja en las retribuciones de los empleados públicos.

La UGT entiende que no da respuestas a la creación de empleo y que, por ello, el diálogo con el Gobierno está "seriamente hipotecado". Su secretario de acción sindical, Toni Ferrer, reiteraba ayer en A Coruña que las dos centrales convocarán movilizaciones si no hay acuerdos en las mesas de negociación que están abiertas.

Desde el PSOE, José Borrell, candidato a la presidencia del Gobierno, se cuestionó si el proyecto de Presupuestos se adapta a la nueva coyuntura económica, marcada por la crisis asiática, que, en su opinión, el Ejecutivo ha analizado "con poco realismo". Luis Martínez Noval, portavoz adjunto socialista, calificó el proyecto de "poco creíble, contradictorio y electoralista", y acusó al Ejecutivo de "enorme cicatería" en el trato salarial a los funcionarios, informa desde Oviedo Javier Cuartas.

"El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del 3,8% para 1999, lo que no tiene ninguna garantía de que vaya a cumplirse", afirmó Noval. "Otros países ya han revisado de forma acusada sus previsiones, y es evidente que se está produciendo un retroceso muy importante".