Nervios en Madrid entre Gobierno y sindicatos a cien días del traspaso

De un par de semanas a esta parte, la educación se ha convertido en el elemento más encarnizado de debate para la clase política madrileña. Se trata de una circunstancia de todo punto inusual en una región acostumbrada a que las grandes disputas provengan de cuestiones urbanísticas, industriales o de infraestructuras. Sin embargo, la inminencia del traspaso educativo -quedan cien días justos para el 1 de enero- ha disparado tanto el interés por la cuestión en el parlamento regional como las expectativas de mejora entre los docentes y las asociaciones de padres de alumnos.También ha propiciado que se desaten los nervios entre el Gobierno autónomo, del PP, y los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras), que se han dedicado algunos de los más gruesos descalificativos escuchados en Madrid a lo largo de más de tres años de legislatura.

Gobierno y oposición han coincidido en señalar que la herencia educativa que recibe la Comunidad de Madrid es "muy precaria". El propio consejero de Educación, Gustavo Villapalos, no ha tenido empacho en señalar que Madrid presenta un índice de fracaso escolar -el 35%- sólo superado en toda España por Ceuta y Melilla. El crecimiento de la población inmigrante se ha traducido en aulas en las que se sobrepasa el 30% de alumnos de integración, especialmente en las zonas más degradadas de la periferia sur y este de la capital. Y todo ello en una región donde el coste por alumno se cifra en unas 268.000 pesetas anuales, 90.000 pesetas menos que en Cataluña.

Todos por la mejora

Unos y otros están de acuerdo en que el panorama debe mejorar de manera ostensible en cuanto la educación llegue a manos regionales. A partir de ahí, empero, la discrepancia es radical. Socialistas e IU han interpretado que el precio de las transferencias, 255.000 millones, supone un ejercicio de sumisión del presidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, ante la ministra del ramo, Esperanza Aguirre.Ruiz-Gallardón guarda en la manga un plan de financiación adicional de 118.000 millones para los próximos cinco años. Y ese plan es el germen de un conflicto en toda regla: CC OO y UGT aseguran que han negociado su contenido con el Ejecutivo madrileño, pero éste se desmarcó la semana pasada con una nota en la que negaba "cualquier acuerdo o preacuerdo" con las centrales. Así las cosas, ya nadie acierta a comprender a qué conceptos irá destinada exactamente esa cantidad.

La situación atraviesa por un momento de tensión desconocida en Madrid. Los secretarios generales de ambas centrales sindicales tacharon a Ruiz-Gallardón de "embustero", "irresponsable" y "el peor presidente posible" por ocultar el contenido de las negociaciones para el plan escolar. El Ejecutivo del PP reaccionó levantándose de todas las mesas de negociación que compartía con los sindicatos. El consejero de Economía, Luis Blázquez, aseguró: "La cúpula sindical está asilvestrada". Los aludidos le han colgado a Blázquez el apelativo de "dóberman". La oposición tacha la reacción gubernamental de "pataleta arrogante". Y toda la comunidad educativa contiene la respiración: sería triste que una trifulca político-sindical frustrara un acuerdo "histórico" por la mejora de la enseñanza.

Por ahora, Ruiz-Gallardón calla, tal vez porque le gustaría reservarse para el Debate sobre el Estado de la Región, previsto para la semana que viene. El antecedente que mueve al optimismo es el de financiación de universidades pública, un acuerdo de 60.000 millones que ha sido alabado por todos los rectores, incluidos los de izquierdas.