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EL DEBATE DEL ABORTO

"Esta democracia es una matanza", gritan 2.000 antiabortistas frente al Congreso

Los manifestantes acudieron a la convocatoria de las parroquias y de los colegios religiosos

"Esta democracia es una matanza". Tal fue el grito unánime de la manifestación antiabortista que se celebró ayer a las puertas del Congreso. En la marcha participaron unas 2.000 personas, que increparon también al Parlamento: "Esos leones matan a los niños", "queremos diputados, no asesinos". En la manifestación confluyeron españoles de todas las edades. Desde las niñas de escasos 10 años, hasta los septuagenarios más conservadores, todos ellos convocados por las parroquias, colegios de monjas y por el "boca a boca". Los manifestantes desbordaron el cordón policial y cortaron el tráfico.

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A los cinco minutos de haber comenzado la manifestación, un grupo de señoras "hartas de estar arrinconadas" incitó a la gente a cortar la carrera de San Jerónimo. El tráfico quedó interrumpido durante dos horas.Entre la multitud se escondían algunos puestos de venta de propaganda artiabortista. Ofrecían el video El grito silencioso tan sólo a 600 pesetas. O un supuesto escrito científico que explica por qué el aborto es un asesinato. Éste tan sólo costaba 100 pesetas.

Además de sacerdotes, monjas y los representantes más jóvenes de Pro-vida, también acudieron ultraderechistas de Falange Española, cuyo mensaje rezaba: "Los partidos trajeron el aborto. ¡Contra el aborto, contra los partidos!".

En forma de homilía, la gente entre el rezo y la consigna afirmaba: "Queremos paz también en el útero". Mucha gente llevaba estampas con la inscripción "Quien a aborto mata, a eutanasia muere". La gente después gritó: "¡Borrell, cabrón, tu madre no abortó!".

Al final de la marcha, después de un intento fallido de guardar un minuto de silencio por los niños que supuestamente morirían, si se aprobara la ley, cientos de personas se pusieron de rodillas y encendieron sus velas y rezaron un Ave María. Después la manifestación se dirigió a la iglesia de San Ginés que abarrotaron para rezar.

Admitir a trámite

El debate de hoy en el que el Congreso debe decidir si admite a trámite las propuestas de la izquierda destinadas a ampliar los supuestos legales del aborto -se incluye el "conflicto personal, familiar o social de gravedad"- ha abierto aún más el cisma entre las asociaciones de feministas y partidos de izquierda frente al Gobierno del PP y la Iglesia Católica.Para el Gobierno se trata de un debate "electoralista", "demagógico" y que "no es urgente". La Iglesia considera que estamos frente a un "incremento de los factores más totalitarios", que tiene su sustento en "prejuicios ideológicos".

Por el otro lado, las asociaciones de feministas vertieron ayer sus reticencias frente a la postura del Gobierno y de la jerarquía católica. Estas agrupaciones coinciden en señalar que el debate lo que en realidad pretende es consolidar los derechos de las mujeres y mejorar los mecanismos de protección a quien opte por la interrupción voluntaria del embarazo.

Amalia Gómez, secretaria de Asuntos Sociales, aseguró ayer que se trata de un "debate de estrategia política electoralista" y no un tema de urgencia social sino que es "una asignatura pendiente" del PSOE, que no aprobó esta ampliación cuando gobernaba.

La cárcel

Por su parte, la secretaria general del Grupo Ssocialista, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que "no se está cuestionando si se está o no a favor del aborto, sino si se está a favor de que a las mujeres que lo practiquen se las trate como a criminales, se las persiga en el Código Penal y se las amenace con la cárcel".El Grupo de Estudios de Política Criminal, que aglutina a magistrados, jueces, catedráticos y profesores de derecho penal, manifestó ayer su "apoyo a la ampliación de la regulación del aborto porque sitúa en el mayor reconocimiento del conflicto entre los derechos de la mujer y la protección del feto". Incluso se atrevieron a ir más allá del cuarto supuesto, al afirmar que "la reforma no debe limitarse a la modificación del Código Penal sino que necesita una ley reguladora que garantice la igualdad y la seguridad en el acceso a la prestación sanitaria".

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