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Una juez anula el contrato de una edil del PP en Elda y obliga a Sanidad a cubrir su vacante

El Juzgado de lo Social número 7 de Alicante ha estimado la demanda interpuesta por CC OO contra la Consejería de Sanidad y María Adelaida Pedrosa, concejal del PP en Elda, cuyo contrato como auxiliar administrativa en el Centro de Especialidades de esa localidad "se produjo con vulneración de derechos fundamentales", según la sentencia. La juez obliga a Sanidad a cubrir la vacante con la persona que corresponda, según la Bolsa de Trabajo. La concejal, que nunca trabajó en instituciones sanitarias, fue llamada personalmente por el subdirector del Hospital de Elda.

Al estimar la demanda interpuesta por CC OO, la juez declara nula y sin efectos la contratación de María Adelaida Pedrosa como auxiliar administrativa del Centro de Especialidades de Elda. Un contrato que se llevó a cabo el pasado mes de julio sin que la edil se encontrara inscrita en la Bolsa de Trabajo, ni hubiera prestado servicio alguno para las instituciones sanitarias valencianas. En la sentencia, la magistrada Francisca Bru recuerda que en las fechas de la contratación de Pedrosa había personas inscritas en la Bolsa de Trabajo con categoría de auxiliar administrativo, "susceptibles de efectuar el contrato objeto de la demanda". Entre los derechos fundamentales que se vulneraron con la contratación de la edil del PP, la juez cita "el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones o cargos públicos". La Consejería de Sanidad se acogió para dicho contrato al llamado punto 1.4 para la vinculación temporal de personal a las instituciones sanitarias del Servei Valencià de Salut. Pero la juez estima que "en modo alguno se ha logrado justificar que el puesto ocupado por Doña Adelaida reuniese especiales características que hiciesen necesario unas determinadas condiciones de experiencia [como recoge el citado punto 1.4]". Tampoco considera la magistrada que el puesto de auxiliar administrativo reuna especiales características, ni que Pedrosa, concejal del PP en Elda desde mayo de 1995, reúna especiales condiciones de experiencia, pues jamás trabajó con anterioridad para la adminsitración sanitaria. En la sentencia, la juez añade: "Si bien no podemos determinar que la contratación se llevó a cabo por pertenecer la trabajadora a un determinado partido político, sí que la contratación vulneró el derecho previsto en el artículo 23.2 de la Constitución Española, pues fue contratada, no por unas especiales características del puesto o de experiencia, sino por conocer al subdirector del Hospital de Elda, el cual le propuso ocupar el puesto de trabajo objeto de la impugnación", lo que ocasiona, añade, una vulneración de los derechos de las personas inscritas en la Bolsa de Trabajo "que podían, tal cual ha quedado probado, haber ocupado el puesto de auxiliar administrativo". El sindicato demandante, CC OO, denunció de nuevo ayer la utilización "indiscriminada" por parte de la Consejería de Sanidad, del punto 1.4, creado para situaciones excepcionales y con perfiles profesionales determinados. "Desde 1995 se usa para su propio beneficio: contratar amigos, familiares o afines, saltándose los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Tanto CC OO como el Sindicato Independiente han denunciado también esta semana una modificación de plantilla "caciquil" en el hospital La Fe. Los sindicatos denuncian que la adscripción de dos traumatólogas de los centros de salud de Sueca y Juan Llorens a La Fe se hizo sin tiempo suficiente para que la Junta de Personal del centro formulase sus alegaciones (se les avisó el 3 de agosto y la resolución del consejero Joaquín Farnós estaba firmada el 30 de julio). CC OO recuerda que las dos traumatólogas son hijas del Jefe de Servicio de Traumatología de La Fe (cuya profesionalidad no cuestiona), por lo que califica de "burda" esta manera de "enchufar" a los amigos.

Los "enchufes" de la consejería

CC OO recordó ayer "el uso indiscriminado de contrataciones irregulares realizadas por la Consejería de Sanidad a familiares y amigos afines al PP", desde su llegada al poder. Según el sindicato, hasta 483 veces se han llevado a cabo contrataciones a través del polémico punto 1.4, entre las que cita las siguientes: La esposa del Director General de Atención Especializada, como médico documentalista del Centro de Especialidades Juan Llorens; la hermana de la jefa de Inspección de la consejería como enfermera del Centro de Salud república Argentina de Valencia; la hermana del director del Área de Salud 3, como responsable de Atención al Usuario del mismo centro; la esposa del Director General de Drogodependencias, como psicóloga de la Unidad de Conductas Adictivas de Alicante; el esposo de la Concejal de Sanidad de Orihuela, como médico de una Unidad de Conductas Adictivas; una concejala del PP del Ayuntamiento de Tavernes de La Valldigna, como médico general; el yerno del alcalde del PP de Benicàssim, como auxiliar administrativo; el concejal del PP en Albalat dels Tarongers, como celador del hospital de Sagunto o el yerno del alcalde Sagunto, del PP, como celador en Atención Primaria del Área 3, entre otras.

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