85.000 familias rechazan el proyecto de la ley del agua

Un otoño caliente y muy pasado por agua es lo que auguran las asociaciones de vecinos después de constatar que el último anteproyecto de ley del agua no recoge ninguna de la reivindicaciones que el movimiento vecinal considera sustanciales. La Confederación de AAVV de Cataluña (Confavc), que lidera la llamada guerra del agua, reconoce que siete años de campaña son demasiados y que el tiempo se acaba. La protesta sigue creciendo y ya son más de 85.000 las familias del área metropolitana que se han declarado objetoras fiscales.

Los vecinos que se oponen al pago de los impuestos del recibo del agua llevan recaudados 5.500 millones de pesetas correspondientes al importe del suministro y el IVA. Y las administraciones implicadas han dejado de recaudar también 5.000 millones. Con la negativa evaluación que la plataforma del agua hace del borrador de la ley elaborado por el Gobierno catalán, la campaña de protesta se ha reactivado. Los organizadores preparan para principios de noviembre una nueva manifestación, la séptima que realizan desde que se inició esta movilización, que supone la mayor objeción fiscal realizada en Cataluña. Los plazos para la tramitación parlamentaria de la futura ley del agua apremian si se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 1999. Entre las principales objeciones de los vecinos figura una política tarifaria muy alejada aún de sus pretensiones: consideran que el agua es un bien social escaso con el que no cabe hacer negocio y que debería pagar más caro quien más consume y más contamina. En este sentido critican la reticencia de las administraciones a aceptar propuestas que penalizan los grandes consumos. Otro de los reproches es que se incumple el compromiso de gestionar en Madrid la rebaja del IVA del 7% al 5%. "No pagaremos" Tampoco les satisface que dos de los tres cánones que gestiona la Generalitat se refundan en uno pero sin variar el coste. A los dirigentes vecinales no les interesan los cuatro años de plazo que el anteproyecto señala para que los morosos en campaña puedan ponerse al día de los impuestos que deben. "Si la ley se aprueba, no la cumpliremos porque no pagaremos" manifestó categórico el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), Andrés Naya. Al hacer balance de los siete años de protesta, Naya señaló: "La Administración se mueve tarde y mal". Los portavoces de la plataforma coincidieron al afirmar que ninguna ley del agua prosperará si no resuelve el conflicto social que se ha generado en torno a este suministro básico. "No es posible promulgar una ley como ésta con la mitad más uno de los votos de la Cámara catalana porque se requiere un amplio consenso" apostilló Naya. Pese al tiempo transcurrido y a la ausencia de resultados destacables, la Confavc se esforzó en no dar una visión netamente negativa: insisten en que, de no mediar la campaña, los aumentos en el recibo del agua hubieran sido muy superiores. Entre los logros más destacados que atribuyen a la presión vecinal citan el que algunos ayuntamientos retiraran la tasa de alcantarillado de la factura. En este sentido critican al Ayuntamiento de Barcelona por negarse a hacerlo.