Los Comunes piden por carta a Marlaska que convierta la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en un centro de memoria histórica

Los diputados de los Comunes Gerardo Pisarello y Aina Vidal han hecho suya este martes una vieja reivindicación de las asociaciones de víctimas y los movimientos memorialistas para transformar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en Barcelona en un centro de memoria histórica y contra la represión franquista. En una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los dos parlamentarios piden la cesión de las instalaciones “de manera inmediata y definitiva” y recuerdan que diferentes organizaciones e instituciones han insistido durante décadas en la necesidad de “resignificar” este espacio, “símbolo del horror y la persecución política” en España. El año pasado, tanto Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, como Vidal, portavoz adjunta de Sumar, registraron una batería de preguntas al Ejecutivo en este sentido. También ERC ha reivindicado muchas veces esta reconversión a través de múltiples iniciativas parlamentarias.

El número 43 de la Via Laietana de Barcelona fue, durante la dictadura, un centro de detención y tortura utilizado por la Brigada Político-Social, recuerda la misiva. “Numerosas figuras destacadas de nuestra historia democrática han denunciado las torturas sufridas en este edificio: Miguel Núñez, dirigente del PSUC; Carles Vallejo, sindicalista de Comisiones Obreras; los hermanos Ferrándiz, detenidos y torturados en 1971; Julio Pacheco, cuya querella por torturas en 1975 fue la primera en llegar a un juez en democracia; o [el escritor] Manuel Vázquez Montalbán”, señala.

Pisarello y Vidal exponen que este tipo de reconversiones se han llevado a cabo en otros lugares del mundo con “resultados positivos”, como la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) de Argentina, transformada en un museo de la memoria que honra a las víctimas de la dictadura militar; el Estadio Nacional de Santiago en Chile, hoy un lugar de homenaje a los prisioneros políticos; el antiguo campo de concentración de Dachau (Alemania) convertido en memorial para recordar el horror del nazismo; o el edificio de la antigua sede de la policía fascista en Roma, ahora museo dedicado a las víctimas del régimen de Mussolini.

“España no puede quedarse atrás en la construcción de una memoria democrática que mire de frente a su pasado y honre la dignidad de quienes sufrieron persecución. La sociedad no entiende las medias tintas, o las posturas tibias ante la barbarie, como con el Valle de los Caídos o Valle de Cuelgamuros (...) Es incomprensible que en 2024 la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos recibiera subvenciones directas por valor de 1.150.224,44, mientras las víctimas de Vía Layetana piden justicia a sus puertas”, denuncian los Comunes.

“No hay justificación operativa para que la Policía Nacional mantenga su presencia en este edificio. Existen otras dependencias policiales plenamente operativas en la ciudad, como el complejo de La Verneda, con 9.000 metros cuadrados”, reclaman los diputados, para quienes esta “lucha no es solo institucional, sino también moral y política”. En esta línea, afirman que la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco —una iniciativa del Gobierno que ha causado enorme polémica entre los partidos de la derecha y la extrema derecha—, “no puede quedar diluida en gestos simbólicos condescendientes con hitos de la Transición; debe marcar un punto de inflexión en nuestra política de memoria democrática”. La ley del entonces ministerio que dirigía Félix Bolaños fue aprobada en 2022.

“Hoy más que nunca, frente a la infiltración de la extrema derecha entre los jóvenes, es el momento de consolidar espacios centrales de memoria, de reconocimiento a nuestras víctimas y de garantizar que las futuras generaciones comprendan el sufrimiento causado por la dictadura y el totalitarismo”, sentencian.