El Ayuntamiento de Gandia aprueba asumir el coste del "medicamentazo" a partir de noviembre

El gobierno municipal de Gandia, formado por el PSPV, NE y UV, consiguió ayer llevar adelante su propuesta de que el Ayuntamiento asuma los gastos de los medicamentos que el decreto del Gobierno central ha excluido de la Seguridad Social. La moción, que beneficiará a jubilados y pensionistas, fue aprobada con los votos a favor del PSPV, NE y UV. El PP votó en contra y BNV se abstuvo. Mientras, el Ayuntamiento de Alzira va camino de aprobar la misma medida, ya que UV y BNV apoyan la propuesta de los socialistas, con los que gobiernan.

Gandia se suma así a las iniciativas que las comunidades de Navarra y Andalucía han adoptado para contrarrestar el medicamentazo y por las se hacen cargo del coste de los más de 800 fármacos que han sido eliminados de la financiación pública. La respuesta a la moción que presentó el gobierno municipal gandiense ha sido ya secundada por otros tres municipios, Enguera, Alzira y Ontinyent, que tienen previsto presentar una propuesta similar a la adoptada en Gandia para su aprobación plenaria, en sus respectivos consistorios. Los grupos municipales del PSOE, NE y UV consideran que la decisión de la Administración central significa "un paso social atrás que, de alguna manera, implementa una privatización parcial de las prestaciones farmacéuticas del sistema nacional de salud". Asimismo, dicen que el gobierno de José María Aznar busca con esta medida "ahorrar dinero a costa de la salud mientras abre espacios para que los grupos privados puedan obtener beneficios". Como respuesta, el Consistorio gandiense expresa su rechazo al medicamentazo e insta al gobierno del Estado a que "sea revisado y se vuelva a la situación anterior". La alcaldesa de Gandia, la socialista Pepa Frau, calificó la decisión del gobierno del PP de excluir los fármacos de la seguridad social de "injusta e insolidaria". Frau lamentó el hecho de que la Administracion local se haya tenido que hacer cargo de un coste que "no es de su competencia" y lamentó que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, "no haya tenido la suficiente sensibilidad de haber secundado la actitud de las comunidades de Navarra y Andalucía". Por su parte, el concejal de UV, Xavier Reig aseguró que su grupo en las Cortes Valencianas está "total y absolutamente en desacuerdo con la aplicación del "medicamentazo". El Ayuntamiento de Gandia instará al gobierno de la Generalitat a que "cree un sistema que posibilite sufragar, a cargo de la Seguridad Social, los medicamentos que han sido excluidos", en especial aquellos que traten enfermedades muy comunes entre la población. En el caso de que estas dos instancias, a la Administración central y a la autonómica, sean rechazadas, el Ayuntamiento se hará cargo del coste del medicamentazo, para el que ha previsto un gasto aproximado de entre 20 y 30 millones de pesetas al año. El gobierno local también establecerá una serie de medidas de control para evitar que esta inicitiva dé pie a un uso abusivo de fármacos entre los cerca de 9.000 jubilados y pensionistas que se beneficiarán de la medida. El gobierno municipal pondrá en marcha en octubre una campaña informativa y de concienciación destinada al uso racional de medicamentos. Asimismo, facilitará una tarjeta con un código identificativo que el usuario tendrá que presentar en la farmacia cada vez que retire su receta. Con este documento el Ayuntamiento podrá hacer un seguimiento del gasto que cada jubilado realice de los fármacos, y se reserva el derecho de retirarle la tarjeta si se demuestra que ha hecho un uso abusivo de esta prestación. El contramedicamentazo está previsto que entre en vigor el próximo mes de noviembre, y el gobierno municipal no descarta ampliar esta medida a otros sectores sociales de la ciudad con pocos recursos económicos. Acuerdo en Alzira Los jubilados y pensionistas de Alzira se beneficiarán en breve de una iniciativa similar por parte del gobierno municipal. La propuesta del grupo municipal del PSPV de asumir los costes del medicamentazo ha sido bien acogida por sus socios de gobierno, Unión Valenciana y el Bloc Nacionalista Valencià. La aprobación definitiva puede realizarse durante la sesión ordinaria convocada para el próximo día 29, según apuntó ayer el alcalde, Alfredo Garés (UV). Los socialistas basan su moción en que la medida gubernamental "favorece a los más ricos y perjudica a los más pobres". Los representantes municipales pretenden averiguar el coste de su decisión, si bien el concejal de Sanidad Tomas Pérez (BNV) ha avanzado que los nacionalistas darán su "apoyo al considerar la propuesta muy positiva". El portavoz de Unión Valenciana en Alzira, Blas Sanmiguel, ha estimado un coste para las arcas municipales próximo a los 50 millones de pesetas, mientras que el PSPV cifra el gasto en unos 20 millones de pesetas. Esquerra Unida, que también presentó en su día una moción contra el medicamentazo, también prestará sus votos para evitar que éste afecte a los jubilados y pensionistas de Alzira.