Licencia aún más amplia para matar a los hijos
Nota literal, incluido el título, del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ante el nuevo debate sobre el aborto en el Parlamento:1. El próximo día 22 se debatirán de nuevo en el Parlamento tres proposiciones de ley sobre el aborto. Estas proposiciones son todavía más injustas que la actual legislación despenalizadora. Las Leyes vigentes al menos establecen la obligación teórica de acreditar que se dan ciertos supuestos graves para que el delito del aborto no sea penalizado. En cambio, lo que ahora se pretende es que los hijos queden a disposición de la voluntad soberana de la madre, la cual, tras un trámite de "información", podrá decidir la muerte de su hijo no sólo ante la pasividad y complicidad del Estado, sino incluso con su colaboración. No necesitará para ello acreditar la existencia de ninguna circunstancia grave ni leve. Bastará con que ella piense que el niño le perjudica de alguna manera. Además, se niega a los profesionales de la sanidad el derecho a la objeción de conciencia.
2. La Iglesia es consciente de las dificultades que en muchos casos pueden influir en la decisión de la mujer de recurrir al aborto. Pero no se puede admitir desde el punto de vista ético que para resolver esas dificultades se autorice o permita la eliminación de la vida del ser que ella ha concebido. Por ello, denunciamos con toda energía estás proposiciones vergonzosas que amplían la posibilidad de matar a los hijos que aún no han nacido, pero que son ya verdaderos seres humanos, como lo hemos sido todos nosotros en las primeras fases de nuestra existencia. La legislación actual debe ser modificada, pero no para empeorar la situación, sino para proteger de manera adecuada el derecho a la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos. Las proposiciones que se debatirán el día 22, por permitir que se viole el derecho fundamental a la vida son radicalmente inmorales. Seguramente son también inconstitucionales, pues el Estado renuncia con ellas a lo que el Tribunal Constitucional consideró en su sentencia de 1985 que es exigido por la Constitución: proteger eficazmente la vida del ser concebido y no nacido, con la última garantía de las normas penales. En este caso, la objeción de conciencia es un derecho natural que está además garantizado por la Constitución.
3. Apelamos a la responsabilidad moral de los legisladores y los pedimos que sopesen sin partidismos ni electoralismos, las consecuencias sociales de sus decisiones. Un pueblo que mata a sus hijos al amparo de leyes inicuas, pone en tela de juicio su futuro y las mismas bases de su convivencia en justicia y libertad. Animamos a toda la sociedad, a cuantos reconocen la dignidad de la vida de todo ser humano, y especialmente a los católicos, a no permanecer impasibles ante estos hechos. Quebrantar el mandamiento divino "no matarás" y contravenir la ley natural que nos pide respetar el derecho de todo ser humano a la vida, no sólo es una gravísima injusticia, sino un acto de despotismo. A la luz de una ética política elemental, los legisladores no pueden autorizar o permitir a nadie disponer de la vida de un ser humano inocente. Quien pretende legislar contra la moral entra en el camino de la prepotencia y de la violación de los derechos humanos.
