Por el consenso

Diríjase despacho al Ministro del Interior para que ordene el ingreso en prisión del ex ministro del Interior por actividades realizadas como tal. A Mayor Oreja se le encogerá el alma ante este comunicado, cuyo deber inexcusable es cumplir. Y no sólo por el precedente, que habrá hecho temblar también a todos los anteriores ministros del Interior, sino por el gravísimo problema que esa sentencia evidencia. Una vez más tenemos que escuchar a Pujol: el juicio GAL no hubiera ocurrido en ningún otro país y debía haberse resuelto política y no jurídicamente. ¿Cómo hemos podido llegar a este terrible disparate que es sin duda también una gran injusticia? Tienen razón los socialistas cuando acusan al PP de jugar con fuego. Las repetidas declaraciones del actual vicepresidente acusando de asesinato al anterior Gobierno -e incluso a su presidente- son de una irresponsabilidad política nada usual. Desde su fracaso electoral en 1993 el PP aceptó que no podía ganar convenciendo al electorado y que debía destruir al entonces partido del Gobierno. Mientras estuvo en la oposición la estrategia de ataque despiadado a los casos de corrupción del PSOE era inevitable; para eso está la oposición. Pero un partido de Gobierno no puede actuar del mismo modo y la actitud del PP desde 1996, alentando directamente el enjuiciamiento de miembros del anterior Gobierno, a la caza del mismo ex presidente, es un disparate que muestra escaso talante democrático y poca seriedad en el sentido del Estado, y que rompe con el pacto básico de la democracia: la alternancia. La democracia se inventó, entre otras cosas, para que la alternancia no implicara el encarcelamiento o persecución de los perdedores; ésa es su esencia. El PP, y sólo el PP, es responsable de haber roto el consenso que presidió la vida política española desde 1977 transformando al contrincante en enemigo, que hoy se revuelve como tal. Lamentablemente, no ha actuado el PSOE con mejor tino. Pues quien asegura que sólo asume responsabilidades políticas cuando hay sentencia firme está forzando a canalizar el enjuiciamiento político por la vía judicial. Al actuar de este modo se puso la soga al cuello: bastaba con esperar a que el calendario judicial la apretara. Un camino que transita por las vías de la independencia judicial y sobre el que, por lo tanto, poco puede (y menos debe) hacer el Gobierno. Los socialistas pueden suponer o sospechar que si el Partido Popular no hubiera apretado las clavijas la sentencia habría sido otra; pero eso no deja de ser una suposición. El hecho es que encajonó un delicadísimo problema político por la única vía por donde no era políticamente controlable. Digámoslo claramente: si el PP no le ha facilitado la tarea al PSOE, tampoco éste le ha facilitado la tarea a aquél.Si hay o no pruebas para la sentencia condenatoria es cosa que corresponde apreciar al juzgador, no a un partido político constitucional. Y calificar la sentencia de inicua e injusta - por no decir la brillante idea de enviar miles de militantes a las puertas de la prisión- es algo que no puede hacer un partido constitucional. Pues que no hay igualdad en la ilegalidad es doctrina firme de este y cualquier Tribunal Constitucional. De modo que, si reconducir las responsabilidades políticas a una previa sentencia firme suponía devaluar el Parlamento, la actitud que ha venido adoptando desde que se conoció la sentencia conduce al PSOE, más allá del Parlamento y del Estado de derecho, al populismo plebiscitario. ¿Será necesario recordar este verano como el equivalente a aquel verano de 1933 en que los socialistas decidieron salirse del marco de la legalidad republicana para arroparse en las masas?

Tienen razón los socialistas cuando aseguran que los españoles no habrían condenado a Barrionuevo; la prueba es que lo eligieron diputado. Pero no son los españoles, sino los tribunales quienes juzgan. Pero también tiene razón el presidente del CGPJ cuando afirma que los españoles han recibido la sentencia con sensatez, pues ésas son las reglas del juego. Los españoles no hubieran deseado este juicio, pues saben que estas cuestiones no se pueden resolver en los tribunales. Pero una vez allí encajonada les habría asombrado otro resultado.

Iniciamos un periodo año electoral de extraordinaria importancia; elecciones vascas el 25 de octubre; para junio deben ser las autonómicas, municipales y europeas, un gran test; entre medias tendremos las catalanas y la crisis económica refuerza el riesgo de anticipo de legislativas. Y el caso Marey no es sino el primer paso de un largo calvario de asuntos, a cual más espeluznante. El conflicto actual debe ser superado en aras de un entendimiento entre los dos principales partidos nacionales. Los datos del CIS de julio son demoledores: aproximadamente, dos de cada tres electores desconfían de Aznar, de Almunia y de Borrell. Pero recobrar la confianza mutua y del electorado, que es tarea de todos, depende de la iniciativa del presidente del Gobierno. Para ello debe conceder el indulto ya. Y no sobraría que hiciera una declaración. (e.lamo@iuog.fog.es)