Interior acepta limitar el envío de reclusos al Hospital General

La Diputación de Valencia ha sellado un acuerdo con el Ministerio de Interior para que los reclusos de la cárcel de Picassent "dejen de colapsar" el servicio de urgencias del Hospital General. Un responsable del la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del ministerio, que se desplazó desde Madrid, aceptó ayer la petición de la diputada de Sanidad, Rosabel Ribes: sólo serán enviados al centro hospitalario los presos que requieran una operación quirúrgica, una exploración complementaria o que sufran una dolencia compleja. Instituciones Penitenciarias ha aceptado la solicitud de la Diputación para que, en el resto de casos, sean los médicos especialistas del hospital los que se desplacen al presidio para atender a los internos. "Acuden al hospital muchos presos en busca de un especialista porque en la cárcel sólo hay médicos generalistas y forenses", especifica la diputada, "pero hay casos, como los de dermatología, que pueden atenderlos nuestros médicos desplazándose hasta la prisión". La intención de la Diputación es que la enfermería de la cárcel de Picassent se asemeje a los centros de especialidades, como el de la calle del Padre Porta de Valencia. Este acuerdo quedará plasmado en el primer convenio que firmarán el ministerio y la Diputación para regular la asistencia médica a los presos. Hasta ahora, los presos iban al Hospital General porque Picassent está situado en el área 8 de la sanidad valenciana, que le corresponde a este centro hospitalario. Sin que hubiera ningún acuerdo explícito entre ambas instituciones. Ribes también ha logrado que los costosos retrovirus sólo los pague la Diputación a los reclusos que sean enviados al hospital, pero no a los que estén en la cárcel. Además, ha conseguido que el ministerio, como marca la ley, envíe a un centro especializado de Madrid a los presos que sufren enfermedades terminales, que hasta ahora se quedaban en el hospital. Pago por cabeza Con respecto al dinero que pagará el ministerio, ambas partes han acordado utilizar el mismo sistema del futuro Hospital de La Ribera y de otros centros sanitarios: una cantidad fija por la población reclusa de la cárcel. Ribes precisó que la cantidad rondará las 35.000 pesetas por recluso, lo que supondrá una factura anual superior a los 100 millones de pesetas. La Diputación e Instituciones Penitenciarias formarán una comisión de seguimiento para especificar todos los puntos del convenio. Una tarea que, en opinión de Ribes, se prolongará durante dos o tres meses. Ribes recuerda que, tras la última reforma, se han mejorado las medidas de seguridad de la Unidad de Custodia del Hospital General y se ha duplicado el número de camas (hasta 12) para que ninguno de los reclusos ingresados comparta habitación con el resto de pacientes.