La Comisión de Derechos Humanos aplaza su denuncia de dispersión de los presos en Europa

La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco culmina la legislatura actual sin llevar a cabo la tramitación oficial de lo que ha constituido el centro de su actuación, en muchas ocasiones polémica, de estos años: la denuncia de la política de dispersión de los presos etarras ante los el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. La comisión que ha estado presidida por el peneuvista José Antonio Rubalcaba ha dejado en suspenso este trabajo al haberse disuelto oficialmente la Cámara vasca y tendrá que cumplir este objetivo en la próxima legislatura.

La última reunión de la Comisión de Derechos Humanos se remonta al 17 de junio pasado y en ella los representantes del PNV, EA, HB e IU se ratificaron en la decisión de denunciar la política de dispersión de los presos de ETA en instancias europeas, pese a las dificultades de tramitación que ello conlleva, como quedó demostrado en las gestiones que había realizado Rubalcaba en Estrasburgo. La comisión apuntaba ya entonces la imposibilidad práctica de llevar a cabo su objetivo prioritario, que ha centrado gran parte del interés político de la legislatura: la denuncia de la política de dispersión de los etarras encarcelados. Con la disolución definitiva de la Cámara la semana pasada, las actividades de la Comisión de Derechos Humanos quedan definitivamente suspendidas hasta la próxima legislatura en la que una nueva comisión deberá coger el testigo de las iniciativas pendientes en materia penitenciaria. La recién acabada legislatura ha estado marcada por la conflictividad en todos los trabajos referidos a la política penitenciaria, que ahora quedan sin concluir. El debate sobre la legalidad de la dispersión de los presos y su derecho a cumplir las condenas en sus lugares de origen, se planteó en diciembre de 1995, cuando, tras una iniciativa original de HB, el Pleno de la Cámara vasca acordó solicitar su acercamiento a Euskadi y encomendó a la Comisión de Derechos Humanos realizar las gestiones necesarias para conseguir este objetivo. La labor de esta comisión estuvo mediatizada desde un principio por el secuestro del funcionario de la prisión de Logroño José Antonio Ortega Lara, ocurrido en enero de 1996. Este hecho, lejos de activar un giro en la política penitenciaria del entonces Gobierno socialista, como hubiera deseado ETA que exigía una negociación entre el director de Instituciones Penitenciarias y siete de sus presos elegidos como interlocutores por sus compañeros, bloqueó toda iniciativa encaminada a modificar la política de dispersión. La llegada del PP al Gobierno central, en mayo de 1996, tampoco representó un cambio en este sentido. Reiterada petición Pese a la presión de este secuestro de ETA en el año y medio en que inició su andadura, la comisión parlamentaria vasca insistió de manera reiterada en pedir el acercamiento de los presos etarras al Gobierno central. Uno de sus acuerdos más significativos fue la aprobación, en octubre de 1996, de una resolución de siete puntos en la que se defiende el acercamiento de los presos etarras, comenzando por el traslado a la península de los reclusos encarcelados en las prisiones situadas en las islas o en Ceuta y Melilla. Asimismo, se pedía la excarcelación de los presos enfermos y de quienes hubieran cumplido las tres cuartas partes de su condena. En esta resolución, la Comisión de Derechos Humanos advertía por vez primera su disposición a acudir a Europa si el Gobierno español no atendía estas reclamaciones. El organismo que preside Rubalcaba y en el que están representantes de todas las formaciones parlamentarias, también elaboró, en febrero de 1997, una propuesta de plan de acercamiento del medio millar de reclusos etarras a las prisiones ubicadas en la mitad norte de la península. Intentaba demostrar que el traslado era posible, pero el Gobierno respondió en junio negativamente. El asesinato de Miguel Ángel Blanco representó un freno a los trabajos parlamentarios en esta materia hasta que, el pasado febrero, PNV, HB, EA e IU acordaron denunciar en Estrasburgo la política de alejamiento pese a las dificultades de tramitación que implica. Rubalcaba envió denuncias por escrito al secretario de la Comisión Europea de Derechos Humanos, al secretario del Consejo de Europa y al presidente del Comité de Prevención de la Tortura. Sólo el primero le recibió personalmente. Éste le sugirió que se personara en nombre de los presos tras haber agotado las instancias españolas.