Sentenciados

Si descontamos el terrorismo de baja intensidad y la volatilidad financiera, las dos líneas de alta tensión estrictamente política que han recorrido este caluroso verano han sido la operación centrista del Partido Popular y la digestión socialista de la sentencia del Tribunal Supremo. Y como es de imaginar que el viaje al centro de la tierra decidido por Aznar no ha hecho más que empezar, aunque ya lleve años navegando en círculos viciosos, parece preferible atender al final del caso Marey, que debiera significar el cierre de una etapa.Creo que la sentencia del Supremo es defendible como mal menor. Es posible que técnicamente sea más correcta la posición minoritaria que alega una objetiva falta de pruebas. Pero, desde el punto de vista institucional, una condena sólo moral hubiera resultado inadmisible. El Supremo no es un tribunal cualquiera, sino la institución básica del Estado de derecho. Por tanto, no puede juzgar en abstracto, sino atendiendo a su responsabilidad histórica. Y una absolución por falta de pruebas, aunque fuese jurídicamente irreprochable, significaría en realidad una ligereza o una demostración de fundamentalismo, acorde con la máxima fiat iustitia et pereat mundus. Pues bien, el Supremo ha querido ser injusto para que no perezca el crédito institucional de la democracia española, haciendo así honor a su delicado papel histórico.

Y es que, una vez llegado el caso Marey a la cúspide jurisdiccional, el Supremo estaba obligado a dictar sentencia condenatoria. Por tanto, la responsabilidad de la condena recae sobre quienes permitieron que el caso llegase hasta ahí, donde ya no podía terminar de otro modo. Aquí es donde aparece el dudoso papel jugado por Felipe González y el partido socialista con él. Ahora fingen sorprenderse ante una condena que los descoloca. Pero es que han sido sus propios actos, a lo largo de 15 años, los que han traído esta situación. Primero, consintiendo, si no amparando, la guerra sucia. Después, encubriendo y ascendiendo a sus responsables. Luego, obstruyendo largo tiempo la acción de la Justicia. Más tarde, comprando el silencio de los testigos de cargo. Y, por fin, cuando el escándalo estalla, negándose a asumir ninguna clase de responsabilidades, pues primero eluden su responsabilidad política supeditándola a la judicial para luego, cuando hay sentencia firme, negarse a acatarla.

¿A qué juegan? Observadores como Pérez Díaz señalan la falta de realismo que ha demostrado la cúpula del PSOE en todo este desgraciado asunto. Todos sus actos se basaron en la falsa esperanza de que el caso nunca se descubriría, de que si se descubría nunca llegaría a juzgarse y de que si se juzgaba saldrían absueltos por falta de pruebas. Pues bien, se equivocaron siempre en todos sus cálculos. Y hoy, con idéntica falta de realismo, se niegan a enfrentarse a la realidad de una sentencia condenatoria, ante la que no saben cómo responder. Por eso se hacen los sorprendidos con unos aires de dignidad herida que difícilmente logran ocultar su evidente mala conciencia. Y es que quizá no haya tal falta de realismo, sino sólo incapacidad para reconocer en público un sentimiento de culpa que no saben cómo expiar.

De ahí que, para escapar a su vergüenza, huyan siempre hacia adelante, aplazando hacia un futuro indefinido la confesión de su culpabilidad. Es lo que han hecho siempre, creyendo que ese futuro nunca llegaría: cuan largo me lo fiais. Pues bien, la sentencia firme del Supremo ya ha llegado: ¿qué harán ahora? ¿Volverán a intentar ganar tiempo para huir hacia adelante como hace Felipe González al sacar de su chistera el conejo de ponerse la toga? ¿O se atreverán a dar la cara por fin, mirándonos a los ojos a sus electores? El PSOE no puede refugiarse en un estéril Fuenteovejuna que agrava más todavía su merecido descrético. Al revés, debe sobreponerse y asumir la sentencia con todas sus consecuencias. Pues lo que el PSOE se juega no es el crédito personal de González o Barrionuevo, sino su propio crédito histórico como institución. ¿Sabrá hacer honor a él?