El Gobierno central agudiza el conflicto al pedir la suspensión del acuerdo para modernizar la justicia

El Gobierno central ha optado por la vía más dura al plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto de competencias sobre el acuerdo vasco para modernizar la justicia, según considera la Administración autónoma. El Ministerio de Justicia ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución para forzar la suspensión del acuerdo firmado el 31 de marzo, cuyo fruto más visible ha sido la elaboración de los requisitos para configurar las plantillas judiciales. El alto tribunal tiene ahora cinco meses para levantar la suspensión o prorrogarla hasta que dicte sentencia.

El Gobierno central elevó el conflicto de competencias al Constitucional el pasado 12 de agosto porque entiende que Vitoria se ha atribuido competencias que no le corresponden al exigir determinados requisitos a los funcionarios que integren la plantilla judicial y establecer unas condiciones retributivas diferentes a las del resto de España. Según el Ejecutivo central, los agentes, auxiliares y oficiales forman parte de un cuerpo que tiene carácter nacional, por lo que no se pueden alterar sus sueldos de manera unilateral en una comunidad. La suspensión de un texto legal se produce de manera automática desde el mismo momento en que se comunica el conflicto de competencias al máximo intérprete de la Constitución. "Sólo con el hecho de comunicar formalmente ante el tribunal el conflicto, se suspenderá inmediatamente la vigencia del acuerdo", recalcó el responsable de Justicia de UGT, Miguel Ángel Llorente. Ahora, el Tribunal Constitucional dispone de un plazo de cinco meses para pronunciarse sobre si levanta la suspensión o si la prorroga hasta que resuelva el conflicto. En el mejor de los casos, esa sentencia no se producirá antes de dos años, dado el trabajo que acumula el Tribunal. El Gobierno del PP ha aprovechado en este caso todas las prerrogativas que le confiere la Constitución, entre ellas la de invocar la suspensión del acuerdo, algo que suele hacer cuando interpone un recurso contra disposiciones emanadas del Gobierno vasco. La petición de suspensión de un acuerdo de un gobierno autónomo es una salvaguarda que la Constitución otorga únicamente al Ejecutivo central. Mientras, Vitoria prepara junto a los sindicatos una respuesta unitaria a la actitud del Ejecutivo del PP y en concreto a la de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a la que tachan de "autoritaria". Cuatro meses de vida El acuerdo sobre modernización en la prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal fue rubricado oficialmente por el Gobierno y los sindicatos el pasado 31 de marzo, aunque las bases se sentaron en julio del año pasado, y sirvió para poner fin al conflicto laboral que protagonizaron los funcionarios judiciales vascos durante más de dos meses en demanda de la equiparación salarial con el resto de los trabajadores de la Administración autónoma. Así, el Gobierno cerró con los sindicatos un acuerdo que, además de incluir una mejora en las condiciones económicas de los empleados, también establecía un incremento de la calidad de los servicios y el fomento de la productividad. El pacto económico con los 1.900 funcionarios establece que en el año 2000 los agentes judiciales lleguen a cobrar 50.000 pesetas líquidas más de lo que cobran ahora, 40.000 pesetas los auxiliares y 20.000 los oficiales . En la actualidad, un agente gana al més 110.000 pesetas líquidas. Además de los sueldos, lo único que ha dado tiempo a desarrollar del acuerdo ha sido la plantilla judicial. El aspecto más discutido por Madrid entre los requisitos exigidos por el Gobierno vasco es la exigencia de que en cada juzgado haya al menos un funcionario con el perfil lingüístico II que pueda atender una demanda de un ciudadano en euskera. En cada sala hay una media de doce funcionarios. Miguel Ángel Llorente recalcó que el ciudadano va a ser el más perjudicado. "El acuerdo pretende aunar servicios. No se puede concebir que, por ejemplo, el juzgado 1 y el 2 funcionen de manera completamente diferente, dependiendo de la actitud de las personas que haya en uno o en otro. Teniendo la misma carga de trabajo, uno tiene retraso y otro no con el mismo número de funcionarios, y eso repercute en el ciudadano". ELA y LAB criticaron a la ministra de Justicia y pidieron al Gobierno vasco una defensa más "beligerante" de sus ámbitos competenciales y que siga aplicando el acuerdo.