El presidente de los farmacéuticos de Valladolid, acusado de prevaricación

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid y cinco miembros de su junta directiva serán procesados por prevaricación. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, Ángel Redondo, les imputó ayer un supuesto delito de prevaricación por rechazar, entre 1990 y 1996, y en contra de la legislación vigente, la apertura de farmacias en municipios con menos de 700 habitantes.

El juez de Instrucción de la sala número 5 de Valladolid, Ángel Redondo, imputó ayer un supuesto delito de prevaricación continuada al presidente del Colegio de Farmacéuticos de la misma ciudad, Alberto Saiz y cinco miembros de su junta directiva, Jesús Angel Ruiz, Carlos Gómez, Consuelo Gil, Andrés Aguado y Alberto Barrero, por rechazar, durante seis años, la apertura de farmacias en municipios de esta provincia con menos de 700 habitantes. Estas resoluciones entraban en contradicción con la ley vigente, que sí permitía la presencia de este tipo de establecimientos en las localidades.El magistrado rechaza en su informe el último recurso presentado por la defensa de los miembros de la directiva del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid y por el propio Ministerio Fiscal, que consideran prescritos estos delitos. En su escrito, el juez Ángel Redondo, y según avanzó ayer Radio Nacional de España, estima que los miembros de esa junta directiva negaron desde mayo de 1990 hasta octubre de 1996 la apertura de diez farmacias en los municipios vallisoletanos de Torrecilla de la Abadesa, Casasola de Arión, Ciguñuela, Rubí de Bracamonte, Roales de Campos, Muriel de Zapardiel, La Mudarra, Canalejas de Peñafiel, Cogeces de Iscar y Bercero.

Suficientes indicios

José María Martín, autor junto a otros farmacéuticos de la denuncia, señaló a la citada emisora de radio que "esta resolución sienta un precedente" en sus reclamaciones. Por su parte, Luis Lavín, abogado de la defensa, anunció ayer por la tarde que presentará "un recurso de queja ante la audiencia de Valladolid". Este recurso se fundamentará en las manifestaciones de la fiscalía, que apoya la tesis de los denunciados.La denuncia ahora estimada por el Juzgado de Instrucción número 5 fue interpuesta por dos farmacéuticos de Valladolid ante la Fiscalía Anticorrupción, que remitió las primeras diligencias a la Fiscalía vallisoletana. A esta denuncia se sumó el Colegio de Farmacéuticos de Castellón.

De acuerdo con el infrome del juez, existen suficientes indicios de que el Colegio de Farmacéuticos de Valladolid no autorizó la apertura de farmacias en municipios de menos de 700 habitantes en mayo de 1990.

La resolución del colectivo gremial, según el magistrado, se adoptó en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y con el del Colegio General Nacional de Farmacéuticos, que anuló las decisiones tomadas por el de Valladolid, que no sólo denegaba las farmacias en pequeñas localidades, sino que también prohibía la instalación de farmacias a menos de 250 metros de un centro de salud. El Gobierno liberalizó hace dos años los horarios de las farmacias y cambió los requisitos para instalar nuevas boticas.