Justicia palestina

EN PALESTINA se podía morir de muchas maneras: por atentado de Hamás o cualquier otro sucedáneo terrorista; a manos del Ejército de Israel, que en la lucha contra el terrorismo o la protesta civil emplea en ocasiones métodos tan reprobables como aquellos que combate; pero, desde esta semana, la Autoridad Nacional, que preside Yasir Arafat, ha añadido una nueva que no por legal es menos deplorable. La autonomía ha ejecutado a dos hermanos, policías, condenados por haber dado muerte a otros dos hermanos, a su vez también agentes del mini-Estado palestino.Jamás hemos creído que la justicia cumpla su función de reinserción social si la pena es la de la extinción de la vida, ni que ésta constituya un freno social, como frecuentemente se aduce. Pero en el caso de estas ejecuciones concurren además circunstancias que hacen aún más odiosa la aplicación de la pena. Los acusados fueron juzgados el jueves pasado, la pena de muerte fue dictaminada apenas 24 horas más tarde, a las 48 horas Arafat la confirmaba y el domingo 30 de agosto se ejecutaba la sentencia, sin que se dejara margen a la presentación de recurso. El cumplimiento de la pena fue esgrimido como una demostración de que el imperio de la ley rige sobre la Palestina autonómica. Y justamente ello nos conduce a los aspectos más políticos del caso. El Gobierno de Arafat actúa bajo acusaciones más que justificadas de arbitrariedad, corrupción y nepotismo; su policía -que con sus 30.000 efectivos parece excesiva para la población que debe proteger y que duplica con creces el número acordado con Israel en los acuerdos de Oslo- maneja las armas con una impunidad que la hace odiosa a gran parte de la opinión; y las conversaciones de paz con el Estado sionista van catastróficamente mal, aunque en este caso la responsabilidad recaiga abrumadoramente sobre Israel.

Arafat se halla en una situación más que delicada, con un crédito arruinado en lo político, en lo económico y en la propia expectativa palestina de futuro. El ensayo de autogobernación, que tantas veces se había asegurado que sería un modelo de libertad y transparencia para un mundo árabe poco surtido de ambas materias primas, está resultando tan lamentable como aseguran los servicios de propaganda israelíes.

El presidente palestino ha actuado relativamente coaccionado por una situación en la que la familia de las víctimas -que tiene cierta preeminencia social, al igual que la de los homicidas- exigía retribución legal, en una línea de acción más tribal que estatal contemporánea. Pero ello no desmiente el sentido aleccionador que pretenden tener las ejecuciones. De un lado, ha habido un abuso de los poderes que ejerce la Autoridad Palestina en la corta distancia, a falta de otros de mayor alcance, para dar una sensación de normalidad estatal a manera de aviso a sus detractores caseros, y, de otro, se ha tratado de presentar una imagen de legalidad inabordable ante el mundo exterior, puesto que uno de los ajusticiados era un dirigente de cierta preeminencia política.

La autonomía palestina ha pronunciado una veintena de condenas a muerte desde su creación en 1994, habiendo quedado todas ellas hasta ahora en suspenso; por ese motivo, sería prudente que en lo inmediato no se emborrachara creyendo que el ejercicio de su derecho sobre la vida es lo que la va a convertir en un Estado como los demás.