El PI recurre ante el TSJC el traslado del casino de Sant Pere a Barcelona
El Partit per la Independència (PI) y la Asociación de Jugadores en Rehabilitación de Cataluña presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dos recursos contra la resolución de la Generalitat de trasladar a Barcelona el casino de Sant Pere de Ribes. Los recursos contencioso-administrativos consideran que esa resolución "es nula de pleno derecho por ilegal", ya que vulnera la normativa estatal sobre esta materia en la que se fijan las condiciones para poder efectuar el traslado de un casino.
Los dos recursos presentados son idénticos y han sido redactados por el abogado Joan Laporta, quien anunció ayer que cuando el TSJC los empiece a tramitar solicitará del tribunal la suspensión cautelar del traslado del casino a la torre del hotel Arts de la Villa Olímpica de Barcelona. Al margen de la vía judicial iniciada ayer, el PI ya ha recurrido también el traslado ante el Tribunal de la Competencia, un organismo administrativo, y en los próximos días irá más allá y denunciará el caso ante el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. La vicepresidenta del PI y cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Pilar Rahola, señaló ayer: "Pensamos que hay alguna relación extraña entre el partido que gobierna en Cataluña y la empresa Inverama SA, [que explota la instalación de Sant Pere de Ribes] porque todas las decisiones que adopta la Generalitat en materia de juego sólo benefician a esta sociedad". Rahola explicó que sus palabras no son simples conjeturas y recordó que el hecho de que no se le haya dejado acceder al expediente administrativo del traslado del casino le hace sospechar que se esconde alguna irregularidad que tendría que ser investigada por el fiscal. "Ese expediente parece la joya de la corona, porque sólo lo ha podido ver la empresa que saldrá beneficiada del traslado", explicó Rahola, mientras que el abogado Joan Laporta recordó la obligación legal que tiene la Administración de permitir el acceso a esa documentación. Casinos de Catalunya (Inverama, S.A.) es, según Rahola, "la gran beneficiaria de la situación de monopolio en el sector del juego que se vive en Cataluña y que no tiene precedentes ni en Europa ni en España". Por ese motivo, dijo que el traslado del casino atenta también contra la libre competencia, ya que no se ha convocado un concurso público al que pudieran optar otras empresas. La resolución administrativa recurrida ayer ante los tribunales data del pasado día 1 de julio, cuando en una escueta nota de prensa la Dirección General de Juego y Espectáculos, dependiente del Departamento de Gobernación de la Generalitat, anunció que el expediente abierto en diciembre sobre el traslado del casino había concluido con su autorización, "condicionada a que el Ayuntamiento de Barcelona otorgue las correspondientes licencias municipales". Además del PI, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC) se mostraron entonces contrarios al traslado y anunciaron que recurrirían, aunque finalmente ayer, último día de plazo para hacerlo, sólo se había presentado el recurso del partido de Rahola. "Lamentamos que no lo hayan hecho", dijo la vicepresidenta del PI. En su opinión, los dos recursos presentados tienen una base jurídica sólida y recordó que la normativa estatal, prohíbe la instalación de casinos en poblaciones de más de 300.000 habitantes o en su área metropolitana, así como en las ciudades de Madrid, Barcelona y Bilbao. Esta normativa, recogida en un real decreto de 1977 es aplicable también en Cataluña, según Rahola, porque la Generalitat no ha desarrollado ningún reglamento sobre el sector del juego. La Generalitat considera, por el contrario, que esa normativa no es aplicable ya que es preconstitucional. Sin embargo, Rahola recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya impidió en 1997 la instalación de un casino en el paseo de la Castellana, en la capital española. El Gran Casino de Madrid está situado desde hace años en el municipio de Torrelodones, a 30 kilómetros de la capital. Razones sociales Además de las razones jurídicas y políticas, Pilar Rahola esgrimió razones sociales para oponerse al traslado porque, en su opinión, afectará a los intereses económicos y sociales de muchos ciudadanos. En ese mismo sentido se expresó Francesc Perendreu, presidente de la Asociación de Jugadores en Rehabilitación de Catalunya, que liderará una plataforma cívica, que se presentará la semana próxima y que es contraria al traslado. "Esa medida es una aberración para la salud de los ciudadanos de Barcelona", explicó Perendreu, quien pronosticó que la instalación del casino multiplicará por cinco los casos de ludopatía. En su opinión, "será un casino de estilo americano, como los de Las Vegas", que abrirá las 24 horas del día y estará dotado de máquinas tragaperras capaces de dar premios millonarios. Esa instalación, según Perendreu, acabará siendo el destino final de entre 15.000 y 20.000 jóvenes que irán a probar fortuna. El presidente de esta asociación de ex ludópatas anunció que, a partir del próximo mes de octubre, se convocará cada domingo una manifestación de protesta frente al hotel Arts. Rahola apuntó que esa plataforma cuenta con el apoyo de diversas asociaciones e, incluso, de la Iglesia.
