La Junta analizará en un mes el horario real de su personal para estudiar la reducción de jornada

El presidente andaluz Manuel Chaves encargó ayer a las consejerías de Industria y Trabajo, Gobernación, Educación y Salud que en el plazo de un mes elaboren un "informe de situación real de jornada laboral" del personal de la Junta (alrededor de 200.000 trabajadores) para conocer de primera mano en qué empresas públicas, centros de salud, hospitales, colegios o departamentos de la Administración se puede reducir la semana de trabajo a 35 horas. Este es el primer paso del gabinete de Chaves para aplicar de manera gradual una medida apadrinada por la izquierda europea.

Las cuatro consejerías citadas tendrán de plazo hasta final de septiembre o primeros de octubre para hacer una radiografía de los horarios del personal de la Junta, según informó ayer el portavoz del Ejecutivo, Rafael Camacho, tras la primera reunión del curso político del Consejo de Gobierno. Una vez que los datos estén sobre la mesa se analizará en qué centros de trabajo podrá aplicarse la reducción de jornada, habida cuenta que en la actualidad en algunos departamentos ya rige de hecho ese horario. Camacho recordó que el objetivo de la reducción de jornada es para crear empleo y pidió flexibilidad a los sindicatos cuando en su momento se inicien las conversaciones. El portavoz aseguró que en el caso del sector público se trata de un "proceso gradual que debe desembocar en la implantación" de las 35 horas, pero descartó que en el proyecto de ley de Presupuestos de 1999 se contemple un incremento de las partidas del gasto corriente, donde están incluidas las de personal. En cuanto al sector privado, Camacho anunció la próxima aprobación de un decreto en el que se incentiva la elaboración de estudios de vialidad de reducción de jornada como su implantación. [El coordinador regional de IU, Antonio Romero, anunció que su formación "se alineará" con la Junta en el caso de que el Gobierno central presente un recurso contra la decisión del Ejecutivo andaluz de introducir medidas en los presupuestos regionales que fomentan las 35 horas semanales, informe Fernando Pérez Monguió. "Hay que estar preparados por si Mariano Rajoy [ministro de Administraciones Públicas] impugna un acuerdo que considere que afecta a los funcionarios y que puede traer repercusiones en la masa salarial global de los funcionarios en todo el Estado", subrayó Romero, que, con todo solicitó al presidente andaluz, Manuel Chaves que extienda las medidas a todos los sectores que dependan de la Junta, como son los funcionarios, el personal laboral y los trabajadores de las empresas públicas]. El Consejo de Gobierno conoció ayer un informe de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, sobre los presupuestos autonómicos para el próximo año. Camacho no avanzó cifras y comentó que la inversión duplicará el gasto corriente, que sufrirá una nueva merma. El proyecto de Presupuestos vendrá determinado por el Plan Económico Horizonte 2000, actualmente en el Parlamento, en el que para 1999 se contempla una asignación en materia de inversión de 384.975 millones de pesetas. Las políticas de factores productivos (infraestructuras, tejido empresarial, recursos humanos...) serán las que absorban la mayor parte de esa cantidad (151.735 millones); seguidas de las políticas de Bienestar Social (94.252 millones); las de los sectores productivos (84.928 millones); las de medio ambiente (30.308); y las de desarrollo territorial (23.750 millones). Camacho aseguró que Educación, Sanidad y Servicios Sociales seguirán siendo las prioridades políticas del Gobiermno y que el sueldo de los funcionarios subirá "en la misma medida" en que lo haga el de los trabajadores del Estado. Aunque no hay comunicación oficial al respecto, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estimó en reciente declaraciones un incremento de salario del 1,8%.