Un cardenal en apuros

El jueves, en una de sus intervenciones pastorales en preparación del Jubileo del Año 2000, el cardenal de Nápoles Michele Giordano invocó la importancia del perdón y de la penitencia en la vida de todo cristiano. Palabras nada excepcionales en los labios de un miembro del clero que en esta ocasión provocaron, seguramente, miradas de inteligencia entre los feligreses. ¿Incluiría el arzobispo entre los beneficiarios del perdón a los fiscales de la pequeña localidad de Lagonegro, en el profundo sur de Italia? ¿Pensaría en esos jueces que el sábado 22 de agosto se presentaron en el palacio arzobispal del Largo Donnaregina con una notificación onerosa para Su Eminencia, que le implicaba en la investigación de una red de usura? ¿Tendría en cuenta a la treintena de policías de la Guardia de Finanza que entraron ese día dispuestos a poner patas arriba la sede de la diócesis en busca de papeles comprometedores sobre los asuntos económicos del cardenal?La irrupción de jueces y policías en el edificio de la Curia napolitana había representado un duro golpe para el cardenal, a punto de cumplir los 68 años y en la cima de su carrera eclesiástica. Giordano, hijo de un albañil de Basilicata, en cierto modo el sur del sur de Italia, no habría imaginado, seguramente, ni en sus peores pesadillas tras la detención el jueves 20 de agosto de su hermano menor, Mario Lucio, que la justicia italiana pudiera tratarle como a un ciudadano de a pie, violando sus derechos de príncipe de la Iglesia católica, dueño de un pasaporte diplomático y alojado en un palacio con derechos de extraterritorialidad en relación con el Estado italiano.

No dejaba de ser un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones Iglesia-Estado en Italia que ha dividido a los especialistas de Derecho Internacional sobre la legalidad o ilegalidad de la acción. La principal dificultad, dicen, de interpretar lo que los Pactos Lateranenses de 1929 y el Concordato de 1984 señalan al respecto, reside en parte en la falta de antecedentes.

Nota de protesta

El Vaticano llamó el jueves al embajador italiano ante la Santa Sede, Alberto Leoncini, para entregarle una nota de protesta oficial en la que se establecen los puntos concretos en los que podría haberse violado el Concordato, mientras juristas vaticanos estudian en estos momentos minuciosamente la letra menor de los acuerdos.Por su parte, el cardenal, recordando al empresario y líder de la oposición política italiana, Silvio Berlusconi, denunciaba poco menos que un compló de los jueces contra su persona, echando leña al fuego de la interminable polémica que se desarrolla en Italia sobre la Justicia. Giordano no ha tenido tampoco pelos en la lengua a la hora de denunciar las filtraciones de la investigación a la prensa. Antes de que el fiscal le notificara que era objeto de una delicada investigación judicial, la noticia había sido publicada por el diario romano La Repubblica en primera página. La historia se resumía en unas pocas palabras: El cardenal Giordano, padre espiritual de los oprimidos, sostén de las víctimas de la Camorra, protector de los parados, martillo de los usureros que hacen estragos en estas tierras del sur de Italia, estaba presuntamente implicado en una red de prestamistas abusivos.

Algunos hilos de la red de usura que operaba en Sant'Arcangelo, pueblo natal del cardenal de Nápoles, llegaban hasta el mismísimo palacio arzobispal. Dos empresarios del pueblo, Leonardo Tatalo y Antonio Stipo, se habían atrevido a denunciar los préstamos con intereses de hasta el 300% que ofrecía el ex responsable de la sucursal local del Banco de Nápoles, Filippo Lemma, y un geómetra metido a constructor llamado Mario Lucio Giordano, hermano menor de Su Eminencia.

El 20 de agosto Lemma y Giordano fueron detenidos y encarcelados en una prisión de Salerno. Los controles efectuados en las cuentas de este último permitieron comprobar que el hermano del cardenal había cobrado cheques firmados por el purpurado por valor de cerca de mil millones de liras, un dinero que habría sido usado, según la hipótesis de los magistrados investigadores, para financiar los préstamos usureros. El escándalo estaba servido.

El cardenal Giordano ha contraatacado a su modo: denunciando a los fiscales de Lagonegro por diversas irregularidades en la investigación, y acusándoles de haber violado el Concordato. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Su Eminencia ha sido el saber que durante los últimos tres meses sus teléfonos han estado interceptados por orden del juez instructor y sus conversaciones cuidadosamente espiadas y registradas. ¿Y si hubiera hablado con el Papa, o hubiese confesado a alguna persona por teléfono?, clamaba el cardenal ante los periodistas, admitidos finalmente en el palacio arzobispal para conocer de primera mano la versión de Michele Giordano sobre lo sucedido.