Cortina de humo

Nadie duda de que la casi totalidad de los incendios que están arrasando los montes gallegos, y que ya se han cobrado una vida en Ourense, son intencionados. La Xunta, por boca de su presidente y de los consejeros más cualificados en la materia, lo atribuye a una presunta trama organizada de incendiarios, de la que, sin embargo, no se aportan mayores datos. Las juventudes del PP han arriesgado la teoría de que se trataría de "grupos vinculados con el nacionalismo radical gallego", interesados en desprestigiar la política de la Xunta. Y ello, sin perjuicio de que también la ola de incendios se deba a que éste es "el peor año del siglo", según Manuel Fraga, en Galicia como en Brasil, México o Indonesia, por efecto de la corriente de El Niño.Una cosa o la otra. Si la proliferación de incendios se debe a esos grupos coordinados, no se entiende qué relación puedan tener con esa corriente oceánica.

Los sucesivos Gobiernos de Fraga han presentado el Plan Infoga de lucha contra los incendios forestales, que en 1990 comenzó a aplicar José Manuel Romay como uno de sus más relevantes éxitos de gestión. La situación actual contradice esa autocomplacencia, y la Xunta, en su análisis, sólo acierta a extender cortinas de humo para, en definitiva, no aceptar el fracaso de su política, centrada en el montaje de dispositivos de extinción, que durante unos días, los de más calor, se demostraron insuficientes, y sobrados en cuanto aparecieron unas ligeras lluvias.

El énfasis que la Xunta pone en la extinción se ha reforzado socialmente con la creación de empleo temporal en las brigadas que paga la Administración. Las penurias de profesionalidad y coordinación de estos bomberos esporádicos, aunque les sobre arrojo en sus cometidos, se acompañan de prácticas de clientelismo político en su contratación, según los sindicatos, lo que afecta a la eficacia de un sistema que, por lo demás, soslaya la adopción de medidas preventivas.

Los expertos atribuyen el incremento de los fuegos forestales, en Galicia como en el resto de Europa, al progresivo abandono de las zonas rurales y, por ende, de los montes; a las políticas comunitarias de reducción de excedentes agrícolas, que no incentivan su limpieza, y el mantenimiento, pese a lo anterior, de las prácticas tradicionales de quemas agrícolas y de pastos. Ninguna política que pretenda acabar con los incendios puede ignorar esos factores, y de ahí que las soluciones requieran de procesos complejos e integrados, orientados en última instancia a una reordenación del modelo de explotación de los montes. Que también generaría empleo.

Pero esta opción preventiva reclama una política de consenso, con la oposición y las organizaciones económicas y sociales, en particular con las comunidades rurales directamente implicadas, que la Xunta, por arrogancia, no parece dispuesta a aceptar. Prefiere fiarlo todo a la actuación policial.

No hay constancia, sin embargo, de que la investigación policial haya clarificado por qué los fuegos menudean en determinadas comarcas y no en otras. Como tampoco la detención de más de 300 incendiarios desde 1990 -casi 70 en lo que va de año- ha permitido aminorar los incendios de los últimos días. Dada la alta incidencia de la intencionalidad, las causas de los fuegos vendrían a coincidir con los motivos que tienen quienes los provocan, y los hay de lo más variopinto, por más que la Xunta trate de encajarlos a presión en su ya famosa "trama organizada". Todo, para no apear su política forestal de la peana en que la mantiene como un incuestionable éxito de gestión.