El rastro de Chirac
ENTRE LOS años 1988 y 1995, según una instrucción judicial, la alcaldía de París tenía no menos de 300 empleos sin empleado real; es decir, abonaba otras tantas remuneraciones a funcionarios, militantes del RPR gaullista, que ni se acercaban al puesto de trabajo, y así, subvencionados por la República, estaban liberados para dedicar su tiempo al partido. El ex jefe de Gobierno, también gaullista, Alain Juppé, que en ese periodo fue encargado de finanzas del Ayuntamiento de la capital y secretario general adjunto del RPR, va a ser procesado por ese motivo, pero la pista políticamente suculenta es la que puede conducir hasta el Elíseo, puesto que en esa época el presidente Chirac, siempre del partido gaullista, era alcalde de París.Los problemas de Juppé por irregularidades diversas no son nuevos. Ya tuvo que desalojar, cuando era presidente del Consejo, aunque entonces no llegó a haber acción judicial, un espléndido piso en París, porque pagaba por él un alquiler subvencionado, cuando la indignada opinión entendió que ya era bastante subvención ser jefe de Gobierno.
La del empleo ficticio ha sido una de las vías francesas de financiación irregular de los partidos, como lo fue la de las facturas falsas aquí importada por los inventores del embrollo Filesa. Todo ello es tan antiguo como el ejercicio del poder, pero reina hoy, sin embargo, una acrecentada sensibilidad ciudadana para exigir, cuanto menos Estado hay a causa de la corriente privatizadora, más Estado, en punto a transparencia y control de la eventual relajación material de los gobernantes.
Por eso, el futuro de los implicados está hoy mucho más en peligro que hace unas décadas, cuando la opinión, harta del cinismo de los poderes públicos, daba por sentado que siempre tiene que haber ricos. Ése es el caso de Juppé, cuyo regreso a la primera línea de la política francesa parece hoy sumamente difícil por la larga lista de cargos por los que puede ser juzgado: desviación de fondos públicos, complicidad y encubrimiento en apropiación de bienes sociales, abuso de confianza con agravantes, aprovechamiento personal de fondos del Estado y complicidad y encubrimiento en abuso de confianza. Son causas que pueden prolongarse varios años, lo que, como mínimo, le va a inmovilizar políticamente durante ese tiempo.
Pero otro futuro que va a estar bajo el fuego, si no necesariamente de la justicia, sí de la opinión pública, es el del propio Chirac, a la vista del virtual reconocimiento por Juppé de una cierta culpabilidad, en una entrevista publicada ayer en Le Figaro, al decir que en la financiación de los partidos reinaba en esa época una gran confusión, de la que todos eran responsables.
Una cosa parece, sin embargo, segura. Francia no es Estados Unidos ni Chirac es Clinton. Mientras dure su mandato, la inmunidad presidencial impedirá que Chirac sea procesado. Pero aunque nunca lo sea, su larga permanencia al frente de la gran alcaldía va a ser un gravísimo argumento en contra de una eventual candidatura para repetir mandato en el 2002.
El nuevo escrutinio de lo público va a sembrar de cadáveres las filas de lo político en Occidente. Y está bien que así sea, sin recurso a confusiones ni culpabilidad colectiva, siempre que la justicia lo crea necesario.
