El presidente Cubas destituye al vicealmirante que actuó de fiscal contra el golpista Oviedo

A la espera de que el Congreso y la Corte Suprema de Paraguay se pronuncien sobre el decreto presidencial que puso en libertad al ex general golpista Lino Oviedo, el jefe del Ejecutivo, Raúl Cubas, dio el jueves el primer paso en el relevo de la cúpula militar designada por su antecesor, al destituir al comandante en jefe de la Marina, Jesús Manuel Royg. Este vicealmirante actuó como fiscal acusador en el juicio que condenó a Oviedo a 10 años de cárcel. Su sustituto, José Ocampos, declinó la oferta del anterior Gobierno de convertirse en comandante de la Marina

El lunes pasado, el presidente Cubas ya adoptó otra significativa decisión en el terreno castrense al reestructurar el Tribunal Militar Extraordinario que dictó la sentencia contra Oviedo, nombrando a jueces militares adictos para preparar el terreno de una revisión del juicio. La petición de la oposición y de un sector del oficialismo de someter al presidente a un juicio político por mal desempeño en sus funciones y apartarle del cargo ya está en manos de las comisiones parlamentarias correspondientes, que tienen 30 días para pronunciarse. La pretensión tiene escasas posibilidades de éxito por falta de los votos necesarios en el Congreso. Los parlamentarios aún no ha definido qué tipo de acción jurídica presentarán ante la Corte Suprema, para que declare inconstitucional el decreto presidencial que puso en libertad a Lino Oviedo. Los asesores del ex general se muestran confiados en que el recurso no prosperará. "No hay ninguna posibilidad de que el general vuelva a la cárcel", aseguraba ayer Alejandro Velázquez, portavoz de Oviedo.

El presidente de la Corte Suprema, Raúl Sapena, difundió la nota enviada al alto tribunal por el presidente Cubas, en la que asegura "haber actuado en el ejercicio de sus facultades" cuando firmó el decreto que conmuta la pena de Oviedo. El jefe del Ejecutivo dice que su decisión no puede ser revisada ni objetada por los otros poderes del Estado, porque "es legítima", y recuerda la facultad del presidente de indultar o conmutar penas. Ahora tiene la palabra la Corte Suprema. Su presidente rehusó comentar las consideraciones de Cubas, pero apuntó que en Paraguay "no hay ningún quiebre institucional, ya que los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- siguen funcionando con normalidad". El presidente de la República se ha negado a hacer declaraciones a la prensa, y de momento permanece encerrado en el palacio de Gobierno, rodeado de estrictas medidas de seguridad que entorpecen el trabajo de los medios informativos. En su despacho, Cubas firma nombramientos y destituciones -400 funcionarios públicos han sido despedidos- y tiene sobre la mesa la designación de 14 embajadores (el 40% del cuerpo diplomático de Paraguay), que sustituirán a los diplomáticos que dimitieron con la llegada de Cubas al poder.

La crítica situación económica del país ha quedado ensombrecida en los últimos días por el efecto Oviedo, pero el presidente describió en su primer discurso un panorama preocupante, que reclama medidas urgentes. Medios diplomáticos extranjeros no ocultan la preocupación ante la parálisis que puede significar para el nuevo Gobierno y para el país la crisis generada por la liberación del ex general golpista. Un representante del sector empresarial lo resumía con estas palabras: "El presidente ha dado prioridad al cumplimiento de la palabra dada al amigo, por encima de la solución a las necesidades más urgentes del país. Pero las intenciones de Cubas son buenas, y nosotros seguimos confiando en su Gobierno".