El Gobierno de Navarra elabora un proyecto para reducir al 40% el tipo máximo del IRPF
El Gobierno de Navarra, en manos de Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular (UPN-PP), ha elaborado un borrador de reforma fiscal que reduce a siete los actuales dieciocho tramos de la tarifa del IRPF y aplica una reducción general de tipos, en especial en la parte más alta de la escala, que supera la del Gobierno central. La nueva tarifa propuesta por el Gobierno navarro pasaría del actual 53% que rige en la comunidad para las rentas de más de 10,5 millones de pesetas al 40% para las de más de 8 millones, con un marginal del 15% en el tramo inferior, frente al 20% actual.
Aprovechando la bonanza económica de la región y la plena autonomía fiscal que le brinda su peculiar régimen foral, los regionalistas navarros presididos por Miguel Sanz consideran que la disminución de ingresos que representaría esta reforma, calculada por el propio Gobierno de Navarra en unos 10.000 millones de pesetas, es asumible. Tampoco parece importarles demasiado el reiterado rechazo de los principales partidos de la oposición (el Ejecutivo de UPN está en minoría mayoritaria con 17 escaños en una cámara de 50 miembros) a las líneas generales de una reforma que, sobre la base de la esbozada por el Gobierno de Aznar, va mucho más allá en la reducción de tipos para las rentas superiores a los ocho millones de pesetas de base liquidable, que pasarían a tributar al tipo máximo del 40%. Copiar miméticamente la reforma del PP supondría para los 350.000 contribuyentes navarros pagar un 11% menos a la Hacienda Foral. Ésta no oculta que esos contribuyentes serán uno de los colectivos más beneficiados, aunque añaden que también lo serán las rentas inferiores a 3,5 millones de pesetas, que, según la intención de UPN-PP, se verían exentas de la obligación de tributar. El Ministerio de Economía no se pronunció ayer sobre el proyecto fiscal del gobierno navarro. Si el Parlamento Foral aprobara esta reforma antes de enero, objetivo del Gobierno Foral, Navarra se convertiría en la región española con tipos más bajos en el Impuesto sobre la Renta, dado que el País Vasco, que goza de una autonomía fiscal similar, plantea siete tramos con tipos entre el 17% y el 50% y el proyecto del Gobierno central establece seis tramos con tipos de entre el 18% y el 48%.
El borrador del Ejecutivo de los socios navarros del PP busca no perder recaudación con los nuevos tipos. Para ello propone la supresión de muchas de las actuales desgravaciones en el impuesto, como la deducción de intereses en la base imponible por la compra de vivienda, un concepto que permite rebajar hasta en 800.000 pesetas (1,2 millones en declaraciones conjuntas) los ingresos gravables. El Estado suprime también en su proyecto esta deducción, pero permite la desgravación de intereses en la cuota. Navarra sólo mantendría su actual deducción del 15% de la amortización de vivienda.
Según ha explicado el consejero navarro de Economía y Hacienda, José María Aracama, el crecimiento económico permitirá aumentar en unos 5.000 millones los ingresos fiscales de Navarra durante este año, otros 1.000 millones más provendrán del aumento del consumo y el resto se obtendrá de una mejor lucha contra el fraude y la supresión de la tributación por módulos para empresarios y profesionales, que tributarían según sus ingresos reales. El borrador de reforma recoge el concepto de mínimo vital y establece cifras de 550.000 pesetas por contribuyente y otras 200.000 por cada hijo, pero a cambio suprime las actuales deducciones familiares en la cuota. También se suprimiría el actual descuento del 5% de los ingresos para las rentas de trabajo.
La oposición socialista a este borrador es rotunda. El secretario general del PSN-PSOE, Juan José Lizarbe, pidió meses atrás un debate político y social previo para una reforma consensuada en Navarra. Los socialistas consideran un "atentado a la progresividad del impuesto" la reforma regionalista, afirman que "aumentará la desigualdad" en el trato fiscal y generará una "preocupante" reducción de ingresos de entre 9.000 y 12.000 millones además de calificar como "profundamente regresiva" y perjudicial para las rentas más bajas la figura del mínimo familiar. El PSN-PSOE rechazó el intento " a cualquier precio" de UPN por aprobar la reforma antes del 1 de enero de 1999.
En parecidos términos se ha pronunciado Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN), el otro partido de oposición cuyos votos pueden dar al Gobierno la mayoría suficiente para aprobar la reforma. Su presidente, Juan Cruz Alli, aseguró que "el Gobierno puede enviar al Parlamento su reforma aunque carezca de los apoyos suficientes buscando un mero efecto electoralista para poder decir después que quiso bajar los impuestos y no le dejaron". Alli, que fue presidente de Navarra con UPN-PP, se mostró partidario de sentarse a negociar "un mejor tratamiento fiscal para los asalariados, que son quienes soportan la presión fiscal, pero no una reducción generalizada de tipos".
