Disputa en la cúpula vaticana por un tesoro eclesiástico

Pintura, escultura, orfebrería, artes decorativas, cerámica, libros, documentos e indumentaria desde el siglo XII hasta el XIX. Es una descripción somera del contenido de la famosa lista de piezas artísticas que el Gobierno de Aragón reclama a la diócesis de Lleida. Instituciones civiles y eclesiásticas de Cataluña y Aragón se enfrentan, desde febrero de 1997, por este puñado de obras de arte sacro y objetos de uso litúrgico que, procedentes de diversas parroquias de Huesca, se fueron depositando durante más de un siglo en el museo de la diócesis de Lleida, a la que desde hace tres años han dejado de pertenecer para integrarse en la de Barbastro-Monzón. El pasado 4 de agosto, el nuncio del Vaticano en España, Lajos Kada, denegó las solicitudes del obispo de Lleida, Ramon Malla, de continuar conservando estas piezas para mantener la unidad del museo de su diócesis. Ahora, la última palabra la tiene la Santa Sede. El enfrentamiento comenzó cuando el Vaticano permitió, en junio de 1995, que 111 parroquias de la Franja de Ponent -el territorio que separa Huesca de Lleida- pasaran a depender de la diócesis de Barbastro-Monzón después de pertenecer, durante ocho siglos, a la de Lleida. El Gobierno de Aragón apoyó la demanda de las parroquias, que reclamaban el regreso de su patrimonio, con un proyecto para construir un museo en Monzón. La Generalitat de Cataluña, la Diputación y el Ayuntamiento de Lleida desenterraron, como respuesta, el antiguo compromiso de edificar la sede definitiva del Museo de Lleida Diocesano y Comarcal, con capacidad para albergar las casi 2.000 piezas que se guardan en el obispado y otras instituciones. Mientras tanto, Ramon Malla apeló a las altas jerarquías eclesiásticas para que pusieran paz en el conflicto. Pero poco se ha hablado del arte en este conflicto. El Gobierno aragonés asegura que ha elaborado una lista de las piezas aragonesas que reclama con el asesoramiento de expertos de la Universidad de Zaragoza. La Generalitat, la Junta de Museos de Cataluña y los técnicos del museo leridano responden que no negociarán en bloque ninguna lista, sino que discutirán pieza por pieza en el caso de que no llegue a buen puerto el calvario de recursos en que anda metido Malla. En todo caso, la cifra que manejan los técnicos aragoneses ronda las 120 piezas. Los fondos del museo de Lleida son muy ricos, sobre todo en los periodos románico y gótico. Pero gran parte de estas joyas proceden de parroquias ahora aragonesas. Por ejemplo, las tres pinturas románicas de más valor podrían estar dentro del paquete de piezas reclamadas. Se trata de tres frontales de altar que provienen de Buira, Berbegal y Tresserra. En cuanto a la pintura gótica, de la cincuentena de obras más representativas, 20 son de origen aragonés. En pintura barroca, de 110 obras catalogadas, también una veintena son aragonesas. El resto de obras reclamadas abarcan todas las épocas y géneros: desde una casulla de seda e hilos de oro y plata, del siglo XV, a seis candelabros del siglo XIX. De entre todas estas piezas, los técnicos del museo sólo pueden defender dos -un retablo de Monzón y una tabla de Binaced que procedían originariamente de la Seu Vella de Lleida- y las piezas que la Generalitat compró a las monjas del monasterio real de Sigena y cedió después a la diócesis. De este monasterio real, con una historia que se remonta a finales del siglo XII, salieron en distintas épocas retablos, cajas mortuorias, tronos y esculturas que fueron cedidos al Museo Nacional de Arte de Cataluña y al de Lleida. En este caso, como se trata de compras y afecta a museos que salen de la jurisdicción eclesiástica, no decidirá el Vaticano, sino el Tribunal Constitucional, que debe resolver si el Gobierno aragonés puede ejercer el derecho de retracto y recomprar las obras a la Generalitat por el mismo valor que ésta pagó. Montserrat Macià, coordinadora del museo leridano, lamenta los planes de la diócesis de Barbastro y del Gobierno de Aragón en relación con las obras reclamadas. Critica que en vez de devolver las obras a sus parroquias de origen, éstas irán a parar al museo que se está construyendo en Monzón. En cualquier caso, profesionales de museos catalanes se preguntan por qué es el Vaticano el que decide sobre el futuro de un museo en el que la Generalitat ha invertido más de 600 millones de pesetas y el Ayuntamiento y la Diputación de Lleida más de 200 millones cada uno. Como propietaria de las obras, la Iglesia puede hacer lo que quiera con ellas salvo sacarlas de territorio español. Los expertos del Estado en derecho eclesiástico aseguran que las instituciones no pueden oponerse a su decisión. La Generalitat de Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de patrimonio, pero en la Ley de Museos (17/90) no existe ninguna mención específica a los museos diocesanos, y en la de Patrimonio Cultural Catalán (9/93), la regulación de la propiedad de la Iglesia es un caso aparte, según confirma Josep Maria Huguet, director general de Patrimonio de la Generalitat. Esta ley también institucionaliza una comisión mixta Iglesia-Generalitat que hasta ahora no ha intervenido para nada en la disputa. Huguet es cauto y recuerda que el Gobierno catalán no quiere entrar en un conflicto con la Iglesia. La Asociación de Museólogos de Cataluña (AMC) ha cuestionado recientemente esta actitud en un manifiesto. En su opinión, las autoridades políticas no han criticado eficazmente la intervención eclesiástica y han convertido "un debate museológico en una excusa para la confrontación política". Desde Aragón se ha llegado a acusar a la diócesis de practicar un "expolio" sistemático de sus parroquias. Desde Cataluña se ha insistido en que el nuncio tiene una actitud "anticatalana". Sólo el presidente de la Diputación leridana manifestó un cierto sentimiento de impotencia: "La Iglesia nos dice que no nos metamos en sus asuntos, pero cuando hemos de restaurarles el patrimonio somos los primeros a los que acude". La AMC afirma que la Generalitat y las autoridades de Lleida han empezado a defender demasiado tarde las obras que guarda la diócesis. Algunos profesionales de museos aseguran que si las piezas hubieran sido declaradas "colección" y el museo hubiera entrado en el registro de museos de la Generalitat, su defensa civil habría sido más fácil. Huguet afirma que hasta ahora no había sido necesario, pero que las defenderán "si el Vaticano permite la desmembración del museo". La Dirección General de Patrimonio está preparando una argumentación jurídica que discute que la Iglesia sea propietaria de su patrimonio. "Hay interpretaciones, dentro del derecho canónico, que dicen que la Iglesia sólo es depositaria de sus bienes artísticos porque éstos, en origen, fueron entregados por los fieles a Dios", afirma Huguet. Así se pondría en duda la capacidad de las altas jerarquías eclesiásticas para decidir la ubicación de estas obras. Pero éstas son cuestiones de matiz que expertos en patrimonio observan con escepticismo. En todo caso, pocos esperan ya que la conferencia para los obispos y la Signatura Apostólica, las instancias a las que tiene previsto acudir Malla, disientan de la decisión de Lajos Kada.