Justicia se enfrenta a Economía por la reforma de la Ley del Mercado de Valores

Justicia cree que Economía está invadiendo su territorio. Un informe para la ministra Margarita Mariscal de Gante elaborado por la Comisión de Codificación, órgano asesor de Justicia, reclama para su departamento las competencias legislativas sobre sociedades anónimas y mercado de valores. El documento reprocha a la Comisión del Mercado de Valores una propuesta de cambio legal que, a su juicio, establece privilegios de unos accionistas respecto a otros. El proyecto de Economía es presentar estas propuestas como enmiendas a la Ley del Mercado de Valores que tramita el Senado. De hecho, ya están redactadas y el Grupo Popular en el Senado podría presentarlas el mes próximo.

El proyecto de ley del Mercado de Valores, ya aprobado por el Congreso, está pendiente en la Cámara Alta. El plazo para la presentación de enmiendas por los grupos parlamentarios del Senado concluye el próximo 2 de septiembre. Una de las enmiendas que el PP tiene previsto presentar es la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La introducción en la futura Ley del Mercado de Valores de determinadas normas sobre la emisión de acciones por entidades cotizadas es criticada duramente por los expertos de Justicia. Entienden, según consta en su informe, que el departamento que dirige Rodrigo Rato no tiene competencias para tomar iniciativas de este tipo y critican los planteamientos de fondo. Entre ellos el riesgo de que una liberalización y flexibilización del Derecho Mercantil que privilegie a unos accionistas respecto a otros se realice a costa de un "principio jurídico esencial del Derecho de valores que es el de la protección de los inversores".

Daño a pequeños inversores

Octavio Granados, portavoz socialista en la Comisión de Economía del Senado, declaró a este periódico que, "como dicen los expertos de Justicia, a través de esta pretendida reforma parcial de la legislación de sociedades anónimas, se quiere dar a los administradores de tales entidades mercantiles una serie de potestades que corresponden a todos los accionistas y que repercutirán en perjuicio de los pequeños inversores". El presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, sin embargo, afirmó ayer que las reformas propuestas son "absolutamente necesarias para que las empresas españolas puedan financiarse en igualdad de condiciones que el resto de las europeas y para que el mercado de valores se desarrolle en España, sin que los emisores tengan que marcharse a otros mercados".

Fernández-Armesto subrayó que Justicia y la CNMV coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones de financiación de las empresas, "aunque existan diferencias puntuales en la forma, ya que, los técnicos del ministerio quieren que se haga mediante la reforma de la ley de sociedades anónimas, y los de la Comisión, aprovechando la reforma de la ley del mercado de valores".

El informe elaborado a petición de Justicia parte de la designación por dicho departamento, en febrero de 1994, de una ponencia especial para la elaboración de un anteproyecto de Ley General de Sociedades Anónimas, integrada por los catedráticos de Derecho Mercantil Fernando Sánchez Calero, Alberto Bercovitz y Ángel Rojo Fernández-Río.

El 12 de noviembre de 1997 la CNMV creó una comisión especial para preparar la reforma de determinados sectores del Derecho mercantil financiero, presidida por Javier García de Enterría y formada también por Antonio Font Rivas, Jesús Alfaro Águila-Real, José Ramón del Caño Palop y Rafael Mínguez Prieto.

El 19 de mayo de 1998 la ponencia especial de la Sección de Derecho Mercantil manifestaron su preocupación porque, "según noticias dignas de crédito, la comisión especial designada por el presidente de la CNMV había elaborado un texto sobre "especialidades en materia de emisión por parte de entidades con valores admitidos a negociación".

En el informe de finales de junio pedido por la ministra -a instancias de la CNMV, según su presidente-, los expertos de Justicia niegan que la CNMV, esté legitimada para "elaborar textos prelegislativos en materia de Derecho privado", por lo que la propuesta de la CNMV "invade las competencias propias del Ministerio de Justicia".

Justicia reprocha también a la propuesta de la CNMV que "no tiene sentido introducir un régimen jurídico más moderno para la emisión de obligaciones por sociedades y entidades cotizadas y conservar un régimen jurídico notablemente envejecido para las emisiones que realicen las demás sociedades y entidades no cotizadas".

Privilegios sin límites

Los expertos de Justicia critican la línea política liberalizadora de la CNMV en su propuesta. Razonan que aunque los ordenamientos jurídicos anglosajones cuenten con instrumentos como los que preconiza la Comisión, también cuentan con mecanismos de control más desarrollados que los del Derecho español. Recuerdan, además, que algunos sistemas han dado lugar a "paraísos jurídicos -y no sólo fiscales- (...) que no cuentan siempre con eficaces instrumentos de tutela de quienes invierten", por lo que "el Derecho español no debe aspirar a incluirse entre ellos".