El PSOE contactó con el Gobierno tras el fallo del "caso Marey" para reanudar el diálogo

El PSOE contactó con el Gobierno a los cinco días de conocerse la sentencia del caso Marey para reafirmar su voluntad de seguir negociando la renovación de cuatro vocales del Tribunal Constitucional, pendiente desde hace meses. Los socialistas, que arremetieron en esos días contra supuestas presiones del PP y del Ejecutivo en el proceso judicial, que culminó con la condena de Barrionuevo y Vera, querían reanudar sus relaciones institucionales con el Gobierno para demostrar que ni en los peores momentos el PSOE "rompe la baraja o se echa al monte". Todo ha quedado pendiente para septiembre.

La sentencia del juicio por el secuestro de Segundo Marey, que condena a 10 años de cárcel al ex ministro socialista de Interior José Barrionuevo y su segundo Rafael Vera, se dio a conocer oficialmente el miércoles 29 de julio. Esa madrugada, siete de los máximos dirigentes del PSOE se fajaron durante varias horas de discusiones para perfilar el comunicado de la ejecutiva que se leyó al día siguiente. En ese escrito el PSOE culpaba al Partido Popular y al Gobierno de José María Aznar de mediatizar el resultado de un juicio que, en su criterio, había concluido en una condena injusta y sin pruebas.En los días siguientes surgieron voces relevantes del PSOE reclamando la "ruptura total" de relaciones con el Ejecutivo del PP. Otras amenazaron con rescatar los momentos de la guerra sucia antiterrorista de Gobiernos anteriores al socialista. Y las descalificaciones contra el comportamiento de determinados dirigentes del PP llegaron al nivel más álgido de los últimos tiempos.

Al cabo de esos cinco días, el lunes 3 de agosto, José Enrique Serrano, jefe del gabinete del secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, tomó la decisión de llamar a La Moncloa y contactar con Carlos Aragonés, jefe de gabinete de José María Aznar. Ambos ya habían conversado unas semanas antes para allanar el camino ante una hipotética entrevista de Aznar y Almunia en La Moncloa, mediación que se frustró.

El 3 de agosto, pues, Serrano llamó a Carlos Aragonés para reafirmar la disposición del PSOE a dialogar sobre los grandes asuntos institucionales pendientes y sobre todo de la renovación de los cuatro vocales del Tribunal Constitucional. En el PSOE preocupaba mucho que el Gobierno pudiera trasladar a la opinión pública, como intentaron varios de sus dirigentes, que eran los socialistas los que estaban bloqueando la negociación de un asunto de Estado como ése.

Algunos miembros del PP intentaron incluso relacionar la durísima reacción del PSOE contra la sentencia del caso Marey con la decisión de Felipe González de participar en la defensa del recurso de amparo de los condenados precisamente ante el Constitucional.

Llamada al día siguiente

El PSOE llamó al Gobierno del PP justo al día siguiente de conocerse la decisión personal de Felipe González de contribuir en la defensa de los condenados para subrayar que era compatible la posición de firmeza ante cómo se desarrolló el juicio y la responsabilidad de no facilitar una ruptura institucional ni siquiera en los peores instantes."El PSOE no se echa al monte, no seremos nosotros los que rompamos esa baraja, las instituciones deben seguir funcionando en cualquier caso", recalcó un miembro de la ejecutiva socialista.

Ésta es la doctrina también del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Borell, quien tras conocerse la sentencia ha reiterado en varias ocasiones su disposición a seguir dialogando con el Gobierno los grandes temas de Estado.

El jefe de gabinete de Aznar, Carlos Aragonés, se mostró dispuesto a reabrir las conversaciones sobre la renovación del Constitucional, pero apuntó comentarios sobre la "inoportunidad" de las apariciones de Felipe González. Ésta es la tesis de un gran sector del Gobierno, que opina que cada "polvareda" que levanta González "enturbia e incordia" cualquier negociación, tanto sobre la reforma de la Justicia como, cuando llegue el momento, la discusión en el Consejo de Ministros de los indultos de los condenados.

Fuentes gubernamentales aseguran que tras la sentencia del caso Marey se hizo llegar al PSOE la intención del Gobierno de ayudar a superar este momento. Desde entonces, no obstante, se han sucedido las críticas al expresidente del Gobierno socialista.